Según la documentación facilitada por Moncloa, el recurso del PP describe “actuaciones todas ellas anteriores al inicio del periodo electoral” y ve “inaceptable el relato de hechos que hace porque se trata de una “reclamación fundada en la presunción”. Un total de 13 páginas conforman las alegaciones que, desde la Secretaría de Estado de Comunicación, que coordina Miguel Ángel Oliver, se han remitido a la Junta Electoral Central en su defensa.

El Gobierno defiende que los reales decretos leyes, cuestión contra la que carga el PP, son, como cualquier otra forma jurídica, “la manifestación de la acción del Gobierno que, reunido en Consejo de Ministros, tiene la facultad constitucional de aprobar normas”.

En este aspecto, asegura que hay suficiente jurisprudencia que confirma que la actividad institucional, lo que incluye la acción del Gobierno, “no queda suspendida durante el periodo electoral”.

Además, el Ejecutivo aprovecha para criticar a la formación que lidera Pablo Casado porque indica que “el control de esa acción excede manifiestamente, como debería saber el PP después de gobernar cinco legislaturas, el ámbito de actuación de la Junta Electoral Central”. “Esa acción de Gobierno puede ser controlada por el Tribunal Constitucional, pero no por la JEC”, insisten.

Así, desde Moncloa reprochan a los populares que “la legítima crítica política del PP contra la acción del Gobierno no puede afectar al ejercicio de una potestad institucional”.

RUEDA PRENSA

En lo que se refiere a las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, Moncloa señala en las alegaciones que en 40 años de democracia “nunca” se ha puesto en cuestión el carácter político-informativo de esas ruedas de prensa ni se han lanzado “sospechas de contaminar el proceso electoral”.

Afirma que durante las 12 legislaturas que van de democracia tras la Transición se celebraron “con normalidad las reuniones del Consejo de Ministros y las ruedas de prensa posteriores, en las que se informó de los acuerdos adoptados”.

Moncloa hace el ejercicio de aplicar el “criterio” del Partido Popular de 2019 y ve que “algunos de esos acuerdos se podrían calificar de “electoralistas”, porque tenían un contenido político”. “De ese nuevo criterio del PP no se escapa ninguno de los gobiernos que ha tenido España”, advierte.

Según el Ejecutivo, las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros constituyen una práctica institucionalidad que cada Gobierno ha asumido como una responsabilidad más de su tarea, y jamás ha tenido lugar una eventual suspensión.

La suspensión, como pide el PP, de “cualquier clase de publicidad y divulgación, por los medios que sean”, de la aprobación de RDL en Consejo de Ministros, podría llevar a que “no se puedan publicar en el BOE (información pública) los reales decretos ley aprobados, ni siquiera atender las peticiones que le fueran formuladas sobre ellos al amparo de la normativa sobre transparencia y buen gobierno.

Así como tampoco, sostiene el Gobierno, atender a las preguntas de los medios de comunicación, “lo que produce una quiebra del derecho a comunicar y recibir libremente información veraz”. También afectaría a la libertad de información de los medios de comunicación, “al impedirles tanto el conocimiento de las medidas adoptadas por el Gobierno como su posterior difusión y valoración ante la ciudadanía”.