El presidente de la sala que juzga el ‘procés’ Manuel Marchena anunció el miércoles 27 de febero, durante la celebración de la vista, que el Tribunal se veía obligado a “deducir testimonio ante el juzgado de guardia por las posibles responsabilidades” de los exdiputados de la CUP Antonio Baños y Eulàlia Reguant tras negarse a responder, a pesar de su condición de testigos, a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox.

A pesar de los intentos de Marchena de evitar esta situación, “no me obligue a tomar una decisión que no quiero tomar”, llegó a decir, los testigos insistieron en su decisión de no declarar por su “voluntad democrática y antifascista”, afirmó Baños y por tratarse la acusación popular, ejercida por Vox, de un “partido machista y xenófobo”, resaltó Reguant. Finalmente el Alto Tribunal les impuso una multa de 2.500 euros por negarse a declarar como testigos, obligación a la que estaban vinculados por ley.

Una semana después de estos hechos, el TSJC ha citado para el próximo día 19 de marzo a Baños y a Reguant para notificarles la multa de 2.500 euros que les impuso el Tribunal Supremo por negarse a declarar como testigos. La sanción no es firme y se puede recurrir en el plazo de cinco días ante la misma sala.