"Me sorprende que haya una reacción tan virulenta con respecto a una norma que parece proporcionada para tratar de reequilibrar la situación particularmente preocupante en el centro de las ciudades, de Madrid, de Barcelona, que es donde se está produciendo este aumento de precios", reveló en un entrevista concedida a Servimedia al ser cuestionada sobre las garantías para de que esos augurios no se materialicen.

Grandes fondos, la asociación de consultoras internacionales (ACI) y los agentes de la propiedad salieron en tromba nada más aprobarse la ley para pronosticar un encarecimiento del alquiler. La ministra justificó la regulación en la necesidad de facilitar el acceso del ciudadano, sobre todo de los jóvenes, a la vivienda y apuntó la racionalidad en medidas incluidas dentro de la norma y muy cuestionadas como es el control de precios durante la vigencia de los contratos.

La futura norma busca alargar la duración de los contratos de tres a cinco años si el dueño de la vivienda es un particular y hasta siete años si es una persona física (empresa) y, de forma adicional, limita las subidas anuales en los contratos a la actualización con el coste de la vida. "Establecer la regla de que, dentro de la duración del contrato, los precios no pueden subir más allá del IPC, que es una norma que se aplica para la mayoría de los contratos", defendió.

Calviño enmarcó la normativa dentro del pack de actuaciones del Gobierno para dar respuesta al tema de la vivienda, "una de las preocupaciones de primer orden para los ciudadanos" a raíz de los aumentos de precios, las "vicisitudes que se han vivido en el mercado inmobiliario" o incluso en el crédito hipotecario.

"Todo ello", agregó, "hace que el mercado de la vivienda sea uno de los más sensibles para las familias; de hecho, la decisión más importante que tomamos en nuestras vidas desde el punto de vista económico es probablemente comprarnos una casa y para que un joven pueda emanciparse es fundamental que tenga acceso a un mercado de alquiler".

En este punto detalló que el Ejecutivo ha abordado el problema desde la doble vertiente de impulsar una ley de crédito inmobiliario "más protectora de los derechos de los ciudadanos" frente a la banca endureciendo por ejemplo los supuestos para iniciar un desahucio para el que desee comprar, y con la Ley de Arrendamientos busca favorecer la opción del alquiler.

"El problema se sigue manteniendo, no podemos cerrar los ojos ante la realidad de que, sobre todo, en el centro de las grandes ciudades se está produciendo una subida importante de los precios de los alquileres", argumentó.

La norma encara esa situación ligando al IPC las actualizaciones en los contratos y, según recordó, dando "mayor capacidad" a las comunidades de vecinos "para decidir si quieren o no que haya viviendas turísticas dentro de su comunidad", algo que influye de forma directa en el encarecimiento del alquiler.

"Espero que, dada la urgencia y la necesidad de resolver este problema, esta vez este real decreto ley sí sea convalidado por la Diputación Permanente del Congreso", confió Calviño, quien resaltó además el componente social que incorpora la norma frente a los desalojos forzosos.

El decreto del alquiler establece la notificación sistemática de los procedimientos de desahucio a los servicios sociales, por lo que se tendrá más tiempo para analizar las posibles situaciones de vulnerabilidad y en caso de confirmarse obliga a suspender el procedimiento hasta que dichos servicios asistenciales estimen las medidas oportunas.