El sindicato emitió un comunicado en el que expuso que el detonante de esta decisión ha sido la determinación del Gobierno de “congelar de nuevo” este año el sueldo a los empleados públicos de España en Venezuela.

Consideró “inadmisible” esta medida para “unos trabajadores que afrontan su día a día en unas condiciones de especial peligrosidad”.

Denunció que la revisión efectuada por la Comisión Interministerial de Retribuciones (Cecir) a los salarios del personal laboral en el exterior para 2019 (en una horquilla entre el 0,10% y el 2,50%) es “insuficiente” y un “absoluto desprecio a este personal, que lleva más de 10 años sufriendo recortes”.

Por ello, confirmó que prepara una huelga para el próximo mes de abril, “en días previos a las elecciones generales”, para denunciar una situación que afecta a más de 7.000 trabajadores de organismos e instituciones públicas españolas en todo el mundo, entre los que se encuentra el personal laboral de embajadas, consulados, la Aecid o el Instituto Cervantes.

Indicó que la “congelación salarial” afecta a trabajadores que se encuentran destinados en países con “escenarios económicos inciertos” y “tasas de inflación muy elevadas”, como Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, Rusia, Israel, Kuwait, Singapur, China, Túnez e India.

Ante esta situación, reclamó al Gobierno la apertura de una negociación sobre las condiciones laborales y retributivas de estos empleados públicos de España en el exterior y que establezca “la dotación de fondos necesaria para paliar los efectos de esta congelación salarial”.

El sindicato ha elaborado un informe con los últimos datos que ha recogido en 24 países sobre la evolución salarial en la última década y sus efectos sobre los trabajadores.

Dicho informe, elaborado por el personal laboral de las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas, revela las “carencias y la enorme pérdida de poder adquisitivo que sufren, lo que está afectando a su renta disponible y calidad de vida”.

Esto le permitió aseverar que el personal en el exterior vive una “situación de discriminación absoluta respecto al resto de empleados públicos”.