Según informó este miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la jurisdicción civil el número de asuntos ingresados alcanzó los 2.225.304, con un incremento del 9% respecto a 2017.

En este ámbito civil se resolvieron durante 2018 un total de 2.014.072 asuntos, un 7,4% más que en el año 2017, y quedaron en trámite 1.420.310, un 17,7% más que al final del año anterior.

En el incremento de los asuntos civiles, sobre todo de los que quedaron en trámite, volvieron a tener un papel importante las demandas relacionadas con acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

En la jurisdicción penal entraron 3.151.025 asuntos, con una disminución del 2,5%, habiéndose resuelto 3.166.203 asuntos, un 3,4%% menos, y quedando en trámite 713.275 asuntos, un 1,1% más que en 2017.

En la jurisdicción contencioso-administrativa se registraron 208.724 nuevos asuntos, con un incremento del 6,5% respecto a 2017. Se resolvieron 210.219 asuntos, un 2,3% más que el año anterior, y quedaron en trámite 188.061 asuntos, un 1 por ciento superior a 2017.

En la jurisdicción Social ingresaron 405.945 nuevos asuntos, con un incremento del 0,3%. Se resolvieron 389.971 asuntos, un 0,8% menos que en 2017, y quedaron en trámite 287.434 asuntos, con un incremento del 1,8% del año anterior.

CANARIAS, ANDALUCÍA Y BALEARES EN CABEZA

La tasa de litigiosidad en el conjunto de España fue en el global del año 2018 de 128,2 asuntos por cada 1.000 habitantes.

Las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias (167,5), Andalucía (145,1), Asturias (136,2), Baleares (134,2), Cantabria (131,2), Valencia (130,6) y Murcia (130,1). Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (88,7), Navarra (93,9) y País Vasco (94,4).