Por ello, en un comunicado, aunque admite que la norma es mejorable, señala que va en la buena dirección para dar un nuevo sesgo social a las políticas de vivienda. En concreto, destaca la medida de elaborar una estadística oficial, a nivel nacional, sobre los precios de los alquileres, a partir de la cual las administraciones con competencia puedan actuar para establecer índices de precios máximos en las zonas más tensionadas por los elevados precios de los alquileres.

También aplaude que la renovación anual del precio del alquiler se referencie al Índice de Precios al Consumo (IPC); preservar el carácter social de las Viviendas de Protección Oficial (VPO); o la regulación urgente de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendente a regular los pisos turísticos.