En esta línea, fuentes de Fomento recordaron que el real decreto ley no puede regular derechos fundamentales como el derecho a la propiedad, por lo que sostuvieron que si finalmente se aprueba esta medida debería utilizarse una ley estatal, como, por ejemplo, los Presupuestos del Estado.

En consecuencia, negaron que el nuevo índice estatal de referencia del precio del alquiler de la vivienda recogido en el decreto, que debe elaborarse en ocho meses, sea una vía para abrir la puerta al control de precios.

Además, apuntaron que, con este índice, o con los que puedan crear las propias autonomías, se podrán establecer medidas fiscales para incentivar bajadas de los precios de aquellos inmuebles que se alquilen con precios inferiores a los de estos índices.

Sin embargo, aclararon que dichas bajadas no se podrán aplicar al IBI, ya que se trata de un impuesto que no es competencia de las comunidades autónomas. Eso sí, el decreto permite bonificarlo en un 95% en las viviendas que se destinen a alquiler social.

Con respecto a otra de las novedades, la limitación de las subidas de todos los precios de los alquileres durante la vigencia de las prórrogas, las fuentes de Fomento negaron que pueda suponer un freno al mercado, ya que la gran mayoría de contratos ya recogen esta cláusula, que es obligatoria en los de menos de 600 euros.

Por otro lado, explicaron que ninguna de las medidas recogidas en el nuevo decreto tiene efecto retroactivo, por lo que afectarán únicamente a los decretos que se aprueben desde su entrada en vigor, excluyendo también a los firmados desde que el anterior decreto decayó tras el rechazo del Congreso de los Diputados.

En general, destacaron que el real decreto ley busca ofrecer más seguridad y certidumbre al inquilino, además de incentivar la oferta de vivienda social y dar apoyo a los grupos más vulnerables aliviando la carga financiera de las familias.