Ribera señaló que ese paquete de energía y clima, que incluye el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, facilitará “una transformación de la economía española en la que el país ganará en prosperidad, seguridad energética, desarrollo tecnológico y justicia social, acompañando a los colectivos más vulnerables”.

La ministra presidió este jueves en Madrid una reunión del Consejo Nacional del Clima, el foro institucional que reúne a administraciones públicas y organizaciones y entidades representativas de intereses sociales y ambientales, e instó a promover su participación en la elaboración y seguimiento de las políticas sobre cambio climático promovidas por el Gobierno.

“Creemos que España ha de posicionarse cuanto antes en un proceso de transformación que ya está en marcha en todo el mundo para aprovechar al máximo sus oportunidades y facilitar la modernización de nuestra economía”, señaló en su intervención.

El Marco Estratégico de Energía y Clima articula medidas que, según los seis modelos matemáticos empleados en su desarrollo, crearían entre 250.000 y 364.000 nuevos empleos entre 2021 y 2030 ligados a la industria, la mejora de eficiencia (especialmente, la rehabilitación de casas y de edificios), la innovación, las energías renovables y el sector servicios.

En conjunto, se generarían inversiones y oportunidades de negocio por más de 200.000 millones de euros a lo largo de la próxima década, de los que un 20% corresponderá a inversiones de las administraciones públicas, incluida la UE.

Esa movilización permitiría aumentar el PIB entre 19.300 y 25.100 millones entre 2021 y 2030, al tiempo que facilitaría que España cumpla con sus compromisos internacionales en materia de cambio climático, que fijan en 2050 el momento en el que el país debe producir cero emisiones netas.

MÁS ENERGÍA RENOVABLE

Las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros prevén una generación eléctrica renovable del 74% en 2030, lo que supondría, a su vez, que el 42% del consumo final de energía sea de origen renovable ese mismo año. Ese impulso permitiría a España reducir su dependencia energética del exterior, lo que produciría un ahorro acumulado en la balanza comercial de 75.379 millones de euros respecto a un escenario sin medidas.

Además de un análisis su potencial impacto económico, el Marco de Energía y Clima ofrece un cálculo sobre la incidencia de sus medidas en la salud pública. Su puesta en marcha, según los modelos empleados, permitirá reducir en un 44% los dióxidos de azufre y en un 29% los óxidos nitrosos, dos de los principales agentes contaminantes de la atmósfera y responsables de la formación de las partículas PM2.5, las más perjudiciales para la salud, que disminuirán en un 31%.

“Aunque hay distintas sensibilidades de detalle, existe un consenso entre los distintos agentes sobre la visión de conjunto: España es el país del sol y del viento, y puede ejercer un interesante liderazgo en materia de energías renovables para mitigar los efectos del cambio climático, al que nuestro país es especialmente vulnerable”, indicó Ribera.

La ministra añadió que “se ha abierto un debate necesario y fundamental para nuestro futuro”. “Cerrarlo en falso o no culminarlo implicará perder una oportunidad de prosperidad histórica para nuestro país. Nuestros hijos nos los están dejando claro. Si somos responsables, debemos hacerles caso”, dijo.

Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica indicó que el Gobierno de España deberá elaborar en el próximo semestre un nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 como instrumento de planificación básica para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España.

“España no se entiende sin el conjunto de sus territorios. La biodiversidad no se entiende si no en el contexto del territorio. El cambio climático afecta al territorio. Esta es una agenda global que tienen que ser implementada en lo local. Por eso, el debate y las medidas deben desarrollarse no solo en el plano nacional sino también en el local y en el autonómico”, concluyó Ribera.