Antes de acudir al Mobile World Congress, recordó que en democracia se han ido regulando las lenguas cooficiales y a nivel estatal se ha “apostado” por ello. Habló del Boletín Oficial del Estado (BOE), que puede ser consultado en todas lenguas cooficiales, de la entrega de documentos oficiales en varias lenguas o del uso de éstas en las televisiones públicas.

Sin embargo, explicó que “no ha habido una regulación del castellano en estos años” y en ello se basó para hacer esta propuesta, en consonancia con el artículo 3 de la Constitución. Esta norma, expuso Casado, contempla que, en el entorno administrativo, el castellano se pueda usar en todas las comunicaciones públicas y que “esas comunicaciones sean obligatoriamente en castellano y en otra lengua cooficial en las comunidades donde las tengan”.

En segundo lugar, esta ley de lenguas se especificaría que “no podemos lastrar la movilidad de los empleados públicos” en aras a la igualdad de oportunidades de todos los españoles. “Todas las plazas de empleo público se tienen que hacer en castellano y otra lengua cooficial podrá ser mérito pero no requisito excluyente”, subrayó.

Igualmente, la norma de Casado se refiere a la señalización urbana e interurbana en castellano y en la lengua cooficial “si así lo decide la comunidad autónoma”. Por último, esta ley recoge que “el castellano es lengua cooficial” aunque también lo pueda ser la lengua de la comunidad en cuestión, como ha consagrado la doctrina del Tribunal Constitucional, “pero no en detrimento del castellano”.