Según el texto, mientras 70 millones de ciudadanos de la UE presentan una discapacidad y 15 millones de niños tienen necesidades educativas especiales, muchos de ellos "se enfrentan a barreras excesivas en su derecho a una educación inclusiva de calidad".

Por ello, sus promotores piden a la Comisión que "elabore un acto legislativo sobre un marco común de la UE para la educación inclusiva, que garantice que ningún niño se quede a la zaga en lo que se refiere a los servicios de intervención precoz, la educación y la transición hacia el mercado laboral".

Con arreglo a los Tratados, la UE puede emprender acciones legales para luchar contra la discriminación por motivos de discapacidad y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en los sistemas educativos y la formación profesional. Por ello, la Comisión consideró que la iniciativa era jurídicamente admisible y ha decidido registrarla el 4 de marzo próximo.

Entonces dará comienzo un proceso de recogida de firmas de apoyo por parte de sus organizadores que durará un año. En esta fase del procedimiento la Comisión no analiza el fondo, y solo en caso de que la iniciativa reciba un millón de declaraciones de apoyo de al menos siete Estados miembros diferentes en el plazo de un año, deberá pronunciarse en un plazo de tres meses. La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.