En el Ejecutivo, según fuentes gubernamentales, se generó cierta “crisis” esta tarde al conocerse la decisión del juez. Estaban prevenidos por si podía ocurrir algún hecho de este tipo. Trabajaban con la hipótesis de que la Fundación Franco, en lugar de presentar un solo recurso en nombre la institución, presentara varios para ver si la causa podía recaer en alguno de los “dos” jueces que consideraban más próximos ideológicamente al fascismo.

Pero, esta decisión de juez José Yusty Bastarreche causó sorpresa en la tarde del martes porque la Abogacía del Estado no había trasladado hasta el Palacio de la Moncloa que la Justicia había desestimado hasta siete recursos, del total de los doce que ahora tienen constancia.

Estas doce demandas judiciales, según el Ejecutivo, se están tramitando ante diferentes Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y todas ellas con “idéntica fundamentación”. Por eso, según Moncloa “la ley obliga a acumularlas todas en un único procedimiento”.

Desde el Gobierno informaron de que el expediente para trasladar los restos del anterior jefe del Estado “continúa su curso” y “observando los plazos y resto de garantías procedimentales”. Según el Ejecutivo, “los juzgados de lo contencioso-administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”, en referencia a que fuera el Gobierno el que acordara sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

Así, desde Moncloa se insiste en que este auto “no le afecta en absoluto” al proceso de exhumación por lo que “continúa el plazo de 15 días concedido a la familia para que designe nuevo lugar de reinhumación”.

El Gabinete de Pedro Sánchez añade que el auto del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid “afecta a las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y declara su suspensión cautelarísima, es decir, sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento”.

“EJEMPLO DE OBSTRUCCIONISMO”

Además, el Gobierno destaca que en el propio auto “se conceden tres días al Ayuntamiento para que efectúe alegaciones en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el demandante”.

Se añade que la demanda que ha dado objeto a esta suspensión judicial es “un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos”.

El Ejecutivo prosigue que “hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhuación de Franco”.

Por último, el Gabinete de Sánchez reconoce que “estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, fase en la que todavía no nos encontramos y que precisa aún de otros trámites administrativos”.