Fuentes del Gobierno informaron a Servimedia de que el expediente para trasladar los restos del anterior jefe del Estado “continúa su curso” y “observando los plazos y resto de garantías procedimentales”. Según el Ejecutivo, “los juzgados de lo contencioso-administrativo no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo”, en referencia a que fuera el Gobierno el que acordara sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos.

El Gabinete de Pedro Sánchez añade que el auto del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Madrid “afecta a las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y declara su suspensión cautelarísima, es decir, sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento”.

“EJEMPLO DE OBSTRUCCIONISMO”

Además, el Gobierno destaca que en el propio auto “se conceden tres días al Ayuntamiento para que efectúe alegaciones en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el demandante”.

Se añade que la demanda que ha dado objeto a esta suspensión judicial es “un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos”.

El Ejecutivo prosigue que “hasta la fecha nos constan 12 demandas judiciales (todas con idéntica fundamentación, pero presentadas por personas diferentes) reclamando la suspensión y anulación de las actuaciones urbanísticas acordadas por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación con la exhumación de Franco”.

Por último, el Gabinete de Sánchez reconoce que “estos procedimientos judiciales, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar, en su caso, la fase final de ejecución material del acuerdo de exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, fase en la que todavía no nos encontramos y que precisa aún de otros trámites administrativos”.