Este III Congreso también ha abordado, además del acceso a los medicamentos esenciales, la ética de la cooperación; la seguridad en el terreno; los instrumentos para la cooperación, y las crisis humanitarias. La Declaración, aprobada en el marco de este encuentro, refleja "el compromiso permanente de los profesionales por la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas en cualquier parte del mundo, así como la denuncia de desigualdades y graves consecuencias que conllevan para las personas la vulneración de estos derechos y, en concreto, el derecho a la salud".

Aunque el acceso a los medicamentos esenciales está vinculado intrínsecamente al derecho a la salud, cerca de seis millones de personas fallecen todos los años por falta de acceso a medicamentos esenciales y unos 2.000 millones de personas no pueden disponer de estos fármacos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante esta situación, la 'Declaración de Santiago' insiste en que "los gobiernos deben de tener voluntad política y tomar medidas urgentes para que en cualquier lugar estos medicamentos estén disponibles en todo momento en cantidades suficientes, con garantías de seguridad, efectividad y calidad y a un precio asequible para todas las personas" y añade "que esta realidad forma parte de una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en su Agenda 2030, en el punto dedicado a la salud y bienestar, y, en concreto, el acceso a medicamentos y vacunas de calidad, y constituye también una prioridad para poner fin a la pobreza, las desigualdades y las vulneraciones de los derechos en contra de la dignidad humana".

Asimismo, demanda "una legislación internacional que penalice el tráfico de medicamentos de baja calidad y falsificados al tiempo que se impulse la creación de industrias locales que aseguren la producción de fármacos básicos de calidad, a precios accesibles y a todas las poblaciones".

Considera también que "es necesario establecer protocolos y procedimientos que garanticen la seguridad en las acciones humanitarias desde la formación del personal hasta las relaciones con los agentes locales en terreno. Para que se respete el Derecho Internacional Humanitario, solicitamos a los Gobiernos acabar con la impunidad de estos ataques deliberados contra el personal sanitario, instalaciones, ambulancias y pacientes".

Por último, resalta la declaración "la extrema importancia de que todos los colectivos profesionales sanitarios y no sanitarios dejamos latente nuestro compromiso y profesionalidad de servicio a los demás, de ayudar a los más vulnerables, con el propósito de equidad, de justicia social y del derecho a una mejor salud para todos".