En Moncloa, según fuentes consultadas, justifican esta postura en la separación de poderes porque el Ejecutivo puede actuar y ejecutar sus decisiones salvo que el Poder Judicial, en este caso el Alto Tribunal, lo impida.

El Gobierno se pone en este escenario en el caso de que, como ya ha anunciado, la familia Franco decida presentar recurso contra la orden aprobada en el pasado Consejo de Ministros que daba 15 días hábiles a los familiares para comunicar el lugar para la inhumación. Si bien, si la familia no toma una decisión por unanimidad, el Gobierno tiene potestad para emprender el último paso de este proceso y elevar al Consejo de Ministros el acto en sí de exhumación e inhumación posterior de Franco en el lugar que considere.

El Ejecutivo va a continuar con la misma estrategia “garantista” que ha mantenido estos meses y no va a forzar plazos, actuará sin prisas, en este proceso “respetando hasta el final” las posibilidades jurídicas de la familia.

El Gobierno sostiene que Franco dejó constancia de que quería ser enterrado junto a su mujer Carmen Polo, cuestión de la que también es consciente el Arzobispado de Madrid y la familia; pero que fue decisión del entonces presidente del Gobierno Carlos Arias Navarro el que fuese enterrado en el Valle de los Caídos.

El Ejecutivo no desvela el lugar que estudia para la inhumación, solo niega que sea en la cripta de la Almudera, pero deja entrever que aceptaría el mismo donde está Carmen Polo, que es en el cementerio de El Pardo, junto a la colonia Mingorrubio.