El objetivo es desarrollar el régimen jurídico, económico y administrativo de Tragsa y Tragsatec en sus relaciones con las Administraciones Públicas, sus poderes adjudicadores y otras entidades pertenecientes al sector público, dentro o fuera del territorio nacional, en su condición de medio propio personificado y servicio técnico; adaptando el Real Decreto anterior a las disposiciones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Entre otras novedades, la nueva norma regula con mayor detalle la subcontratación. Respecto al régimen económico de Tragsa y Tragsatec, además de modificar la composición de la Comisión para la Determinación de tarifas Tragsa, para dar intervención a todas las administraciones territoriales respecto a las que dichas sociedades tienen la condición de medios propios personificados se detalla la forma de calcular el presupuesto de ejecución material, el presupuesto de ejecución por Administración, y las especialidades en aquellos encargos que por su objeto no estén sujetos a IVA.

Asimismo, se incluye un nuevo artículo dedicado a los encargos en el exterior, y otro, referente a los encargos realizados por entidades del sector público que no ostentan la condición de poder adjudicador.

El Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación tutela tanto Tragsa como Tragsatec. El accionariado del Grupo Tragsa está actualmente constituido por 40 administraciones y entidades entre las que destacan como accionistas mayoritarios la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con un 51% de su capital social, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA, con un 38,9%) y la Dirección General del Patrimonio del Estado (9,9%).

Forman también parte de su accionariado las 17 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los 7 cabildos insulares de Canarias, 2 consejos insulares de Islas Baleares y 9 diputaciones provinciales.