Forn es el segundo de los 12 acusados que declara en el juicio que celebra el Tribunal Supremo por el `procés´ independentista de Cataluña. A diferencia de lo que hizo Oriol Junqueras, que le precedió en el estrado, él sí respondió a las preguntas de la Fiscalía, apoyándose en diversa documentación.

El fiscal Cadena recordó que la letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona tuvo que salir por el tejado de la Consejería de Economía para poder abandonar con seguridad el edificio, que se encontraba rodeado de manifestantes.

"Dicho así…”, aseguró Forn, “hacen unos relatos peliculeros, salió saltando un muro de un metro y medio que separa el teatro (por el que salió) de la consejería. Se consideró por parte de los Mossos que era la mejor manera de garantizar su integridad. Ella también dijo que quería salir por un sitio seguro".

Preguntado si sabía de las movilizaciones convocadas por ANC y Òmnium Cultural ese 20 de septiembre de 2017 para "evitar" los registros judiciales, dijo que "nunca lo entendí así”, sino que esa concentración de ciudadanos era más bien “una manifestación de protesta" como otras que se producen con frecuencia también ante decisiones judiciales. Entrando en detalle, el exconsejero de Interior explicó que el jefe de los Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, le comunicó que no había recibido ningún requerimiento de la Guardia Civil para que se les ayudara en el mantenimiento de orden público, y advirtió de que “tuvimos una comunicación fluida durante todo el día”.

El fiscal preguntó a Forn: “¿Quién era responsable de la seguridad de las 60.000 personas en la plaza?”, a lo que el exconsejero respondió que “las competencias en materia de seguridad y orden público en Cataluña las tienen los Mossos”. Admitió también que habló con el entonces presidente de ANC, Jordi Sànchez, en relación con lo que estaba sucediendo, “porque era una persona que podía ayudar en los trabajos de mediación” y, en consecuencia, “le pedí a Trapero que hablara con él para reconducir la situación y disminuir cualquier situación de tensión que podría producirse”.

En relación a esos contactos, el fiscal preguntó a Forn cuántas veces habló a lo largo de esa jornada con Sànchez. El exconsejero dijo que “cuatro o cinco veces”, a lo que Cadenas le repuso que constan en la investigación un total de 18 llamadas telefónicas. El acusado insistió en que ese dato “lleva a confusión” porque en varias de esas llamadas no se produjo conversación. “Es como si le digo las veces que me llama mi mujer al cabo del día y las que puedo hablar…”, explicó.

Sobre la utilización de locales públicos para la celebración del referéndum del 1-O, Forn explicó que se siguió lo requerido por el auto del 27 de septiembre de 2017 y subrayó que dicha resolución también decía que se tenía que actuar “siempre sin romper la convivencia ciudadana”, algo que, añadió, es “un tema importante y que pasa desapercibido”.

Asimismo, el exconsejero de Interior explicó que los Mossos, en cumplimiento de dicho mandamiento judicial, visitaron numerosos centros para trasladarlo y se confeccionaron “6.700 actas” hasta el 1-0. Esto permitió, agregó, que “no se abriesen numerosos colegios electorales, dando cumplimiento a lo interesado por la Fiscalía”.

Respecto a la reunión de la Junta de Seguridad, Forn rechazó que los Mossos advirtieran sobre un escenario de “violencia generalizada”. “En ningún momento”, resaltó. Lo que sí hicieron, matizó, fue manifestar “preocupación” por “actos puntuales”. “Las diferentes informaciones que teníamos eran muy claras y evidentes” y así las “compartíamos con los diferentes cuerpos policiales”, resaltó.

El presidente de la Sala, Manuel Marchena, interrumpió al fiscal Fidel Cadena para pedirle que hiciera preguntas “concretas” al acusado y no le exigiese explicitar “si está de acuerdo o no con documentos emitidos por fuerzas policiales y que se están analizando en el curso de su declaración”. Por su parte, Forn continuó explicando que "estos informes de riesgos existen para cualquier tipo de actividad, como los actos del 11 de septiembre, y siempre se refieren a grupos que pueden usar la violencia, pero son grupos minoritarios".

Durante las respuestas de Forn, su abogado Javier Melero recordó que uno de los informes, en concreto el referido a los escenarios previos a la jornada del 1-O, al que se estaba refiriendo el fiscal Cadena, estaba “impugnado” debido a la traducción “errónea” de una parte. “El día 1 de octubre se ha de celebrar” es la traducción que figuraba en el documento, “con sentido futuro e imperativo”, explicó Melero. Esta traducción “no es correcta”, ya que “solo tiene sentido futuro, no existe un imperativo”, tal y como lo acredita el certificado del Instituto de Estudio Lingüísticos Catalanes.

Posteriormente, el presidente del Tribunal anunció un receso para comer hasta las 16.00 horas, momento en el que la Fiscalía continuará con la fase de interrogatorio y, posteriormente, llegará el turno de la Abogacía del Estado.