En el informe facilitado por Moncloa tras la devolución del Congreso a las cuentas públicas se destaca que “el Consejo de Ministros ha adoptado más de mil medidas que han beneficiado a la mayoría de los ciudadanos”, pero en los tres folios se pone el foco en lo que no podrá realizarse.

Según el Ejecutivo, “con el rechazo” de los Presupuestos los españoles pierden casi una veintena de medidas que favorecían a la población, fundamentalmente a los sectores en situación más desfavorable, entre las que se encuentran la supresión del copago farmacéutico, el aumento de casi un 60 por ciento de las prestaciones de la Ley de Dependencia, la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas, la universalización de la educación de 0 a 3 años y el subsidio de desempleo para personas mayores de 52 años.

Además de estos casos concretos, el Ejecutivo indica que “no podrá desarrollarse” el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, ni los proyectos de ley para acabar con los “recortes educativos” del Partido Popular y sacar adelante la Ley Orgánica de Educación, y la aprobación de la Estrategia contra la Pobreza Energética; y no se podrá mejorar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y para abaratar el alquiler.

También sostiene el Gobierno que con la falta de Presupuestos se pierde el “compromiso” con la agenda feminista, porque “decae la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar la igualdad en numerosos ámbitos; el anteproyecto de ley sobre la trata con fines de explotación sexual, y no se llevará a cabo la reforma del Código Penal para considerar violación las agresiones sexuales con penetración.

Desde Moncloa se denuncia que “al Gobierno no le dejan avanzar en la regeneración democrática y el Estado autonómico” y no se aprobará la Estrategia para el Reto Demográfico. Asimismo, se dirá “adiós a la reforma para suprimir determinados aforamientos”, no habrá

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el plazo máximo de investigación no beneficie a los corruptos y el Congreso “no podrá derogar” la denominada ‘Ley Mordaza’.

Por último, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, en el resumen de cuestiones que le quedan por hacer, indica que “habrá que esperar” para que una reforma de la Constitución garantice el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad intelectual, no se culminará la supresión del voto rogado y tampoco la regulación normativa del derecho a la muerte digna.