Así lo reconoce en el Informe Anual de Gobierno Corporativo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y en el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2018 divulgado con motivo de la celebración de su Junta de Accionista el próximo día 15 de marzo, donde pedirá ratificar el nombramiento de Carlos Torres como presidente del grupo y de Onur Genç para el cargo de consejero delegado.

En dichos documentos el banco reconoce que "podría estar igualmente inmerso en investigaciones de las autoridades judiciales sin que, hasta el momento, se haya recibibido ninguna notificiación formal al respecto", y apunta hasta la posibilidad de una potencial actuación "regulatoria contra el banco".

En su relato explica que está llevando una investigación 'forensic' a raíz de conocer por la prensa la contración por parte de BBVA de servicios a la agencia Cenyt vinculada al excomisario. Los trabajos los ha encargado a PwC a través de sus abogados externos Garrigues, junto con Uría, "en el marco de la defensa de sus legítimos intereses, colaborando con las autoridades judiciales y los supervisores en el marco de dicha defensa".

La entidad refiere que "no es posible predecir en este momento el ámbito o duración de la investigación del banco o cualquiera realizada por las autoridades judiciales ni su posible resultado o implicaciones para el grupo", aunque reconoce los múltiples riesgos inherentes.

En concreto, en el informe se refiere a dichas pesquisas en marcha, "no pudiendo descartarse la interposición de procedimientos o acciones judiciales o regulatorias contra el banco que pudieran tener un impacto negativo reputacional o económico para el banco o el grupo".

La entidad dirigida por Carlos Torres recoge esta mención dentro de un capítulo donde apunta los riesgos a los que puede estar expuesta por razón de conflictos o ligitios, y donde refiere que realiza una gestión y seguimiento "constante de dichos procedimientos para la defensa de sus intereses", dotando, en función del estado de los procedimientos, de las correspondientes provisiones para su cobertura.

BBVA ha abierto una investigación interna y otras apoyándose en PwC, el despacho Uría Menéndez y su bufete Garrigues, para esclarecer la relación de la firma del excomisario Grupo Cenyt y qué trabajos hizo para la entidad, después de que 'El Confidencial' y 'Moncloa.com' desvelasen un supuesto espionaje masivo a miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, empresarios, políticos y periodistas coincidiendo con el intento de Sacyr de controlar BBVA.

La consultora estaría peinando las comunicaciones de los últimos 15 años, desde el año 2004, de empleados, directivos y consejeros. El trabajo 'forensic' encargado a PwC involucra a un equipo de entre 40 y 50 personas y podría consumir varios meses dada su minucioso escrutinio.

En la última presentación de resultados el presidente de BBVA, Carlos Torres, salió en defensa de su antecesor Francisco González, presidente del banco cuando se contrataron los servicios de la citada agencia.

Torres dijo creer a González, porque en las dos décadas de trabajo junto a él le había "demostrado un enorme liderazgo, dedicación, entrega", y que es muy exigente. "Siempre ha remarcado que lo importante es trabajar con principios, con buenos principios, y cueste lo que cueste", indicó, agregando, sin embargo, que el banco actuará con total contundencia cuando tenga los resultados de las investigaciones.

"Tendremos tolerancia cero, sin contemplaciones", de confirmarse los hechos, dijo, al tiempo que aseguró que las primeras pesquisas no arrojan pruebas de esas supuestas actuaciones ilícitas, por lo que pidió no "prejuzgar".

El banquero deslizó que sea cual sea el resultado actuará en consecuencia dando a entender que también tomará cartas en el asunto si las pesquisas desmienten las informaciones.

BONUS DE FRANCISCO GONZÁLEZ

A escala interna el banco podría congelar el pago de ciertas retribuciones al anterior presidente Francisco González e, incluso, solicitar la devolución de ciertas cuantías cobradas por aplicación de la cláusula 'clawback' o bonus malus incluida en los contratos de la dirección.

En el informe de retribuciones el banco reconoce que no ha activado esta cláusula aún. El banquero percibió el pasado año 5,474 millones de euros por distintos conceptos remuneratorios (sueldo, y variable en efectivo y metálico).

Durante el ejercicio devengó una parte de bonus o variable que, conforme a la política retributiva, debe percibir en el 40% de su importe durante el primer trimestre de este año y el 60% diferido durante un periodo de cinco años. Todo ello se encuentra sujeto a dichas claúsulas de 'clawback', activable de encontrar la entidad un desempeño reprochable.

La parte a entregar al expresidente antes de abril corresponde al pago de 528.000 euros y la entrega 110.814 acciones del banco.