El dato lo expuso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, donde la diputada del PP María Teresa Mallada criticó las políticas del Ejecutivo para lograr potenciar el tránsito de empleados con discapacidad de los CEE al mercado laboral ordinario.

Mallada detalló que el 30% de las personas con discapacidad está en riesgo de exclusión, 7,3 puntos más que quienes no tienen discapacidad. Además, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), señaló que más del 70% de contratos firmados por personas con discapacidad entre 2019 y 2023 se formalizaron con los CEE.

En su opinión, estos datos “demuestran que los centros especiales son claves para la inserción laboral de las personas con discapacidad”, aunque lamentó que los contratos con enclaves laborales, que es la figura para transitar del empleo protegido al ordinario, fue en ese período de 1.869, un valor que juzgó de “ínfimo”.

“Cada día que pasa se ve que ha cogido por costumbre mirar hacia otro lado ante cuestiones muy preocupantes que son responsabilidad suya y que debería tener solucionadas. Y eso hace sinceramente que su papel se desmorone ya no solo en el Gobierno, sino en la sociedad en general”, lanzó la senadora a Díaz.

Ante estas críticas, Díaz reconoció la necesidad de mejorar los datos de inclusión laboral, pero desgranó las políticas desplegadas desde el Ministerio de Trabajo desde que gobierna. Así, citó la eliminación del despido en situaciones de baja médica y “emprender” una reforma de los incentivos al empleo de personas con discapacidad en colaboración con el Cermi.

También resaltó la asimilación de las personas con capacidad intelectual límite a las personas con discapacidad a efectos de las políticas laborales, así como incorporar a todas las personas con discapacidad como colectivo de atención prioritaria.

Asimismo, reclamó al PP que apoye en el Senado la reforma del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar la incapacidad permanente por discapacidad sobrevenida como causa de despido automático.

Finalmente, esgrimió las cifras de apoyo público a los CEE, explicando que con el PP se destinaban 210 millones de euros y ahora 747. “Tres veces y media más. Así que seguiremos trabajando”, zanjó la vicepresidenta segunda.