El decreto obtuvo 178 votos favorables, de grupos como el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PDECat; un voto en contra y 171 abstenciones. Su tramitación como proyecto de ley fue rechazada por dos votos, ya que fue respaldada por 174 diputados y 176 votaron en contra.

En su defensa, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que, con este nuevo reparto competencial, España adopta un marco regulatorio e institucional claro, estable y predecible, que otorga seguridad jurídica a los ciudadanos y agentes del sector energético.

Además, señaló que se trata de un decreto “extraordinariamente simbólico, ya que representa la voluntad o no de diálogo y respeto entre instituciones competentes sobre materias próximas, la voluntad o no de respeto al derecho comunitario y a las reglas de que nos dotamos”.

Asimismo, Ribera añadió que esta normativa “pretende resolver” la primera cuestión que le planteó el comisario europeo Miguel Arias Cañete al tomar posesión. Asimismo, lamentó que se trata de “un conflicto que calificaría como absurdo”.

De esta manera, el Ejecutivo corrige la normativa para dar respuesta a la Comisión Europea, que en septiembre de 2016 emitió un Dictamen Motivado concluyendo que dos directivas se habían traspuesto incorrectamente al ordenamiento jurídico español.

Dado el tiempo transcurrido desde su emisión, existía la posibilidad de que la Comisión presente un recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

De hecho, esta incorrecta trasposición de las directivas de mercado provocó una importante litigiosidad ante el Tribunal Supremo entre la CNMC y el Gobierno en la etapa de Álvaro Nadal al frente de la cartera energética.

Con este real decreto ley, el Gobierno considera que se pone fin a esta situación realizando un reparto respetuoso con el derecho comunitario y que dota a España de un marco regulatorio que garantiza a la CNMC la independencia necesaria para el ejercicio de sus funciones.

La CNMC asumió las nuevas competencias desde la entrada en vigor del decreto. En el caso de los peajes, tendrá que realizar una circular de peajes en 2019 para el año que viene, de la misma manera que el Ejecutivo hizo una propuesta, informada por la CNMC, el pasado mes de diciembre para el año en curso.

Previamente a las circulares que emita la CNMC, tanto el Gobierno como la CNMC deberán desarrollar las metodologías para el cálculo de los cargos y retribuciones reguladas (en el caso del Gobierno), y cánones y peajes de acceso (en el caso de la CNMC), cuestión en la que ya están embarcadas ambas instituciones. Deberán estar listas antes de que acabe 2019.

En concreto, el nuevo reparto asigna a la CNMC la aprobación de la estructura, metodología y los valores concretos de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de gas natural y electricidad, y a las plantas de gas natural licuado.

De igual modo, la Comisión aprobará las retribuciones de las actividades de transporte y distribución de gas y electricidad y de las plantas de gas natural licuado. También se encargará de la retribución del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista.

Igualmente serán de su competencia la metodología y condiciones de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural; las reglas de funcionamiento de los mercados organizados en aquellos aspectos cuya aprobación corresponda a la autoridad regulatoria nacional, de conformidad con las normas del derecho comunitario europeo, y el control de los planes de inversión de los gestores de la red de transporte, pudiendo hacer recomendaciones para su modificación.

Por otro lado, la CNMC deberá de tener en consideración las prioridades estratégicas que marque el Gobierno en materia energética. Estas prioridades se materializarán en unas orientaciones de política energética, adoptadas por el Ministerio para la Transición Ecológica previo informe a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Las orientaciones de política energética abarcarán aspectos tales como la seguridad de suministro, la seguridad pública, la sostenibilidad económica y financiera de los sistemas eléctrico y gasista, la independencia del suministro, la calidad del aire, la lucha contra el cambio climático y respeto al medio ambiente.

Con carácter previo al inicio de la tramitación de las circulares normativas de la CNMC, el Ejecutivo podrá emitir un informe sobre la adecuación de la propuesta a las orientaciones. En caso de suscitarse discrepancias entre ambas partes, se convocará a la Comisión de Cooperación con la finalidad de buscar el entendimiento entre ambas partes.

Este organismo estará compuesto por tres personas en representación de la CNMC y tres personas en representación de la Secretaría de Estado de Energía, que serán nombradas respectivamente por el presidente del regulador y la ministra para la Transición Ecológica.

Además de la determinación de las prioridades en materia energética de acuerdo con el mandato constitucional, el Ejecutivo aprobará las reglas y supervisará que se aplican las medidas necesarias para garantizar el suministro en situaciones de emergencia.

De igual modo, será competente en la aprobación de la estructura de los cargos, su metodología y sus valores; y mantiene la función planificadora de las redes de transporte, conforme a las recomendaciones que podrá hacer la CNMC.

Por último, el Gobierno determinará los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables.