Según un documento de Moncloa al que ha tenido acceso Servimedia, este plazo se estudiará por la “imposibilidad legal de realizar la reinhumación de los restos de Francisco Franco en la cripta de la catedral de la Almudena”, atendiendo a las recomendaciones que en su día hizo la Delegación del Gobierno en Madrid.

En dicho informe se decía de forma “muy detallada y objetiva” que la reinhumación en dicho lugar supondría “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad tanto en la propia catedral como en el entorno de la misma, implicando una amenaza seria y significativa para los derechos y libertades de los ciudadanos".

Se trata de “una amenaza que el Gobierno no puede asumir, al igual que la exaltación que supone mantener nuevamente la tumba de Francisco Franco en un lugar accesible y abierto al público y de las características de la catedral de la Almudena”.

"MANDATO LEGAL"

Además, el Ejecutivo recuerda que la exhumación de los restos mortales de Franco “no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia, sino de un mandato legal”, aunque reconoce que la autorización de la familia “hubiera facilitado el procedimiento”.

Asimismo, indica que “no existe un derecho de la familia reconocido ni nacional ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún cuando estamos hablando de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno”.

Respecto a la autorización de la Iglesia para acceder a la basílica, recuerda que “no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal”. Así, en última instancia, la solicitud y consecución de la autorización eclesiástica en tales términos será efectuada en fase de ejecución por el Consejo de Ministros.

El documento refleja que “se estudiará conceder un nuevo plazo de 15 días a la familia para que señale un nuevo lugar de reinhumación que cumpla con los requisitos que permitan garantizar el orden público y la seguridad ciudadana para el necesario respeto a los derechos y libertades”.

"MUY GARANTISTA"

El Gobierno apunta que “aunque se ha dado prioridad a la voluntad de la familia”, a falta de un señalamiento de reinhumación compatible con los parámetros legales, de orden público y seguridad ciudadana, “corresponderá al Gobierno la decisión sobre el mismo”, lo que hará con “máximo respeto” a la dignidad de la familia y el decoro y respeto propios de una actuación como la prevista.

Transcurrido este último plazo, “procederá la ejecución material del acuerdo y la inhumación se realizará en presencia de los familiares”; un proceso, subraya el texto, que contará con “todos los avales jurídicos necesarios que garantizan su legalidad”.