Lo hizo a través de un texto publicado por el Grupo de Análisis FAES horas después de que el Gobierno admitiese la figura de “un relator” para que se encargue de coordinar las reuniones de la llamada mesa de partidos que intentan impulsar el Ejecutivo y la Generalitat.

Para la fundación de Aznar, resulta “obvio” que este precepto constitucional recoge la primacía de “lo político” cuando el Derecho se ve enfrentado a sus límites. “El 155 se configura como la solución política constitucionalmente adecuada, expresamente prevista por el constituyente frente a ciertas amenazas al ordenamiento, que también se definen políticamente”, expone.

FAES remarca que la Constitución prevé este mecanismo “como última ratio para afrontar un conflicto esencialmente político”, que en este caso se puede concebir como “el descarnado enfrentamiento entre la soberanía y la autonomía”. Y esto es así, remarca este análisis, cuando las vías de control ordinario de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se revelan como inútiles o insuficientes”.

Se explica que el procedimiento constitucionalmente previsto deja en manos de “sujetos exclusivamente políticos” la apreciación de la concurrencia del supuesto de hecho, la decisión sobre la aplicación del mecanismo, y la definición de su contenido.

En definitiva, FAES sostiene que el artículo 155 introduce “en el corazón mismo del Estado de las autonomías un mecanismo de solución política al conflicto jurídico y político y que nada tiene que ver con el ‘conflicto’ con el que el independentismo busca legitimar la ruptura del orden constitucional”.