Así se pronunció la ministra en la Comisión de Educación del Congreso, donde resaltó su “inequívoca voluntad de búsqueda de acuerdos” tras el fallido pacto educativo perseguido en una subcomisión que cesó sus trabajos la pasada primavera tras abandonarla los diputados socialistas.

Según la previsión del Ministerio, ese trámite parlamentario se producirá “en las próximas semanas” (aunque Celaá indicó que sería “en días”) y el texto buscará dar respuesta a los “desafíos del futuro” y estará “a la altura de la situación actual”, donde hay problemas evidentes como el abandono educativo y la falta de igualdad.

En su intervención, Celaá justificó que aunque el Gobierno tiene el “propósito decidido de resolver los problemas del profesorado” esas cuestiones tendrán que esperar porque “los tiempos no se adecúan a la tramitación de una ley orgánica”.

La ministra también acudió para explicar su postura sobre la cotización en la Seguridad Social de los estudiantes de Formación Profesional por sus prácticas en empresas. Sobre ello, Celaá apuntó que el asunto podrá debatirse en el Parlamento y que se parte del planteamiento de que la medida “no puede ser una traba que consiga empeorar la calidad formativa” o las oportunidades en los centros de trabajo.

‘EXTREMA IZQUIERDA’

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Sandra Moneo lamentó que el Gobierno haya cedido a las pretensiones de la “extrema izquierda” que repercute en las políticas educativas y, según su perspectiva, perjudica a la educación concertada.

Moneo también afeó al Ejecutivo la descoordinación que atisba entre ministerios en cuestiones como la cotización a la Seguridad Social por las prácticas de estudiantes. “¿Quién va a pagar?”, cuestionó, indicando a que empresas y universidades estarán “limitadas” para formar a los estudiantes.

La diputada del PP también preguntó a Celaá si los niños con necesidades educativas especiales “van a ser una cuota repartida en todo el sistema educativo” y si el interés superior del menor que se incluye en la reforma educativa lo decide la familia o el Estado.

En su intervención la portavoz socialista de Educación, Luz Martínez Seijo, consideró que la reforma de la Lomce “sienta las bases para el modelo educativo del futuro, que inevitablemente debe mirar hacia la innovación, la equidad y la inclusión”, y que la aprobación de un nuevo texto legal “dará seguridad jurídica a los centros y al alumnado y posibilita una efectiva ordenación educativa”, además de “incluir los objetivos de la agenda 2030”.

“Con la Lomce se ha incrementado en casi 4 puntos la tasa de fracaso escolar en tan solo un año. Se ha alcanzado una tasa de repetición del 37%, un 16% más en educación primaria. Nuestro sistema educativo no se puede permitir ese porcentaje de repetidores, alumnos que se alejan de la educación, que se desmotivan y que, en un porcentaje elevado, acaban abandonando sus estudios”, subrayó.

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Por el Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú-En Marea intervinieron Ione Belarra y Javier Sánchez, que apuntaron que los presupuestos educativos que maneja el Ejecutivo “marcan un camino” tras los estragos que considera que ha causado la Lomce en la sociedad española.

“Cuánto nos hemos perdido en esta sociedad por no trabajar en un sistema educativo inclusivo”, lamentó Belarra en ese sentido y recordando el triunfo de la película ‘Campeones’ en la gala de los Premios Goya, película protagonizada por varias personas con discapacidad. Por su parte, Sánchez revindicó sacar la religión de la educación y se interesó por la situación de los profesores interinos.

La diputada de Ciudadanos Marta Martín calificó de “inocentada” el anuncio de la cotización por las prácticas de los estudiantes universitarios y de la FP, ya que lo presentó “con nocturnidad y alevosía” el pasado 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, y sin haber hablado con los rectores y empresarios y, según entiende la propia Martín, tampoco con la ministra de Educación.

“Es una bomba” aseveró la diputada de Ciudadanos, porque “pone en riesgo a más de 700.000 alumnos que van a tener problemas para sacar los títulos”, dijo. Martín también preguntó a la ministra por su postura ante la posible revisión por parte de Hacienda de las desgravaciones en el IRPF por donaciones por parte de padres que llevan a sus hijos a la educación concertada. Celaá, en su respuesta, desvió este asunto a Hacienda.

El parlamentario Joan Olòriz (Ezquerra Republicana) derivó el debate a la situación política catalana. “No es fácil tener moderación, racionalidad y sensatez” en un contexto marcado para su grupo por los políticos catalanes encarcelados. Y Grupo Vasco intervino Joseba Andoni Agirretxea, que reprochó a la ministra que el proyecto final para derogar la Lomce no se encuentre aún en el trámite parlamentario. “El año tiene los meses legislativos que tiene”, aseveró, pidiendo que lo traigan “ya” al Congreso para que se pueda “avanzar” y derogar la Lomce. También entendió que Celaá esta no está “de acuerdo” con que se page la seguridad social por los estudiantes en prácticas en empresas porque la medida “se ha hecho de espaldas” al ámbito educativo. “Espero que se corrija cuanto antes”, aseveró.

El diputado Oskar Matute, del Grupo Mixto (EH Bildu), indicó que la derogación de la Lomce ha pasado a ser una “necesidad” y no una “urgencia” y se interesó por las “medidas concretas” sobre cómo Celaá reforzará el papel de la comunidad educativa. Asimismo, se refirió a la segregación de las aulas, porque “la segregación existe” y es propia del siglo XIX, y cómo se va a acabar con las reválidas, entre otras cuestiones.