Así se pronunció la ministra durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados en referencia a esa norma, que prevé la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes realicen prácticas formativas en empresas. Las prácticas comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de Formación Profesional de Grado Medio o Superior.

“El Gobierno no permitirá nunca que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo”, concluyó Celaá.

La ministra calificó su comparecencia por este asunto “impropia e innecesaria”, pues depende del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y aún falta que se concrete en cuestiones como “detallar el importe” que se tendrá que abonar.

No obstante, indicó que la medida busca “la protección social de los estudiantes y mejorar las condiciones en que se desarrollan las actividades formativas frente a riesgos comunes como enfermedades de trabajo”. “Pero no puede ser una traba que consiga empeorar la calidad formativa o blindar las oportunidades en centros de trabajo” y “el Gobierno estará en contra de esta medida si es así”.

“De ninguna de las maneras abordaremos una política que dañe a la FP, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar”, recalcó. Por ello, instó a aprovechar la “oportunidad” de mejorar el proyecto de ley durante la tramitación parlamentaria.