La entrada en vigor de la obligación de desembarque de todas las especies con TAC y cuotas en el Atlántico, y todas la especies con talla mínima de referencia para la conservación en el caso del Mediterráneo que establece la Política Pesquera Común, supone un nuevo reto para todas las partes implicadas. Por ello, el Ejecutivo destaca que es preciso mantener una estrecha colaboración entre el sector pesquero, las administraciones autonómicas y la administración general del Estado.

En este contexto, la Secretaría General de Pesca ha venido manteniendo reuniones con grupos de trabajo de las distintas flotas españolas sobre cómo proceder ante esta obligación de desembarque y cómo afecta en cada caso, en función de su actividad.

Estas reuniones pretenden fomentar la participación de todas las partes implicadas en la elaboración de los proyectos normativos presentados el pasado mes de noviembre, de los cuales destaca la inclusión de nuevas medidas de flexibilidad para que cada flota adapte sus cuotas a sus necesidades.