La organización recuerda que la nueva norma orgánica, que todavía está en fase de anteproyecto, nace para adaptarse a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que España ratificó en 1990. Por ello, ha presentado al Gobierno una batería de propuestas para la modificación del anteproyecto, puesto que se encuentra en fase de consulta abierta. La organización indicó que ha tomado "la iniciativa de aportar cambios en el texto que supongan una mejor y mayor defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias".

Desde el departamento Jurídico de Plena inclusión España, su responsable Inés de Araoz, valoró el hecho de que la nueva ley incluya referencias concretas que garanticen los derechos de los niños y niñas con discapacidad intelectual o del desarrollo. “Necesitamos que la ley recoja nuestras demandas porque en la actualidad las cifras de desprotección que manejamos dibujan un escenario muy preocupante para la infancia con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias”, indicó.

Las aportaciones de Plena inclusión España abarcan diversos apartados de la futura ley, proponiendo que se aseguren las condiciones de vida del hogar y de la familia entendiendo este elemento como clave en la prevención y protección. Para esta organización, se debe empoderar a las familias, así como facilitar apoyos a profesionales que trabajen en el entorno del hogar para el progreso de lo que cada persona necesite.

A juicio de Enrique Galván, director de Plena Inclusión España, “la violencia contra la infancia y la adolescencia se da, desgraciadamente, en todos los ámbitos de relación social. Y, sin embargo, son los niños y niñas con discapacidad los que sufren más a menudo esta lacra”. En su opinión, “el cambio de la legislación es importante, pero al mismo debe venir acompañado de un aumento de la conciencia social sobre la gravedad del fenómeno”.

La organización defiende que se garantice la conformación de comunidades fuertes y cohesionadas donde las familias y los menores tengan apoyos necesarios y recursos dignos para vivir su infancia en entornos seguros. "Por ello, la futura ley debe ir acompañada de medidas en los ámbitos familiar, educativo, social, sanitario que se deben poner en marcha de forma coordinada para prevenir, detectar, intervenir y apoyar a los menores y a sus familias, así como evitar que se repitan en el futuro", concluyó.