Insta a la Comunidad a “retirar con carácter inmediato las nuevas medidas organizativas puestas en marcha en las consultas de Atención Primaria que recortan el horario de la atención normalizada en los Centros de Salud”.

En la iniciativa se informa de que la Consejería de Sanidad decidió poner en marcha un “nuevo modelo organizativo en los centros de salud, empezando por catorce de ellos” y se señala que tiene como “principal objetivo la reducción del horario normal de funcionamiento de los Centros de Salud que pasa de las 9.00pm actuales a las 6.30pm, hora a partir de la cual la atención sanitaria del Centro de Salud afectado pasaría a otro centro de referencia o sería prestada por un retén”.

En la exposición de motivos, Freire afirma que “son muchas las razones para rechazar esta medida y solicitar su retirada inmediata” al Gobierno regional, entre ellas, que se “deteriora gravemente la accesibilidad horaria de la población a sus médicos en un tramo horario conveniente para amplios sectores de la población y no responde a las demandas y preferencias de la ciudadanía sobre horarios de consulta, reflejadas por ejemplo en la Encuesta de Satisfacción de Atención Primaria de 2006 (curiosamente las preguntas sobre preferencias horarias desaparecieron de la encuesta a partir de 2009)".

Asimismo, expone que “tendrá importantes repercusiones negativas para los pacientes, el sistema sanitario y el conjunto de la sociedad” como “un incremento de días para la obtención de cita en Atención Primaria, ya que se acorta el tramo horario disponible en las agendas, y un incremento en las urgencias hospitalarias, ya de por sí colapsadas o al límite de la saturación en ciertos periodos del año, y la expulsión de ciudadanos a la sanidad privada, al desplazarse hacia la provisión sanitaria privada lo que el proveedor público no cubre o cubre mal, siendo un hecho comprobable cómo los proveedores privados alardean de su alta accesibilidad y de su adaptación a los horarios del paciente".

Por último, denuncia que aunque inicialmente la Consejería de Sanidad presenta esta medida como una experiencia piloto que finalizaría el 31 de marzo, tal como se ha presentado y llevado a cabo, existe el temor fundado de que la intención del Gobierno es generalizarla a toda costa.