Estas peticiones se producen tras la muerte de Julen Roselló, el niño de dos años hallado muerto el pasado sábado en un pozo en Totalán (Málaga), donde cayó el pasado 13 de enero, y de que la Asociación de Vecinos de Atlanterra, en Tarifa (Cádiz), haya denunciado la existencia de pozos abiertos en una zona de playa de esa localidad.

Greenpeace ha vuelto a solicitar al Gobierno que lleve a cabo una investigación para localizar y situar en un mapa los pozos ilegales existentes en toda España y que proceda lo antes posible a su clausura. La organización, que lleva más de 10 años denunciando esta situación, ya realizó peticiones de información pública a las distintas confederaciones hidrográficas a comienzos y finales de 2018 sin obtener un dato confirmado.

Según Greenpeace, los últimos datos públicos son de 2006, cuando el Gobierno admitió la existencia de 510.000 pozos abiertos ilegalmente que podrían llegar a extraer hasta 3.570 hectómetros cúbicos de agua al año, el equivalente al consumo medio de 58 millones de habitantes, lo que supondría que la mitad del agua bombeada de los acuíferos se extraería al margen de la legalidad. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sugirió en 2017 que podrían ascender a más de un millón.

“La extracción ilegal de agua es un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión, pero la falta de información y de medios de las fiscalías para perseguirlo contribuye a la impunidad. Un problema medioambiental que, como desgraciadamente hemos visto estos días, se ha revelado también como una amenaza para la seguridad ciudadana”, señaló Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace.

A petición de la organización ecologista, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha informado de que entre 2013 y 2017 recibió 1.146 denuncias por pozos ilegales detectados y sólo 10 se cerraron.

Ante la falta de transparencia de las administraciones, Greenpeace inició una investigación el año pasado para la que solicita la colaboración ciudadana y de profesionales que dispongan de información relevante a través de su plataforma de denuncias y filtraciones 'online'. “Nuestro objetivo es conocer exactamente el número de pozos ilegales que hay en España y poner sobre la mesa cómo el robo del agua provoca que, mientras unos se quedan sin agua, otros obtienen importantes beneficios económicos infringiendo la ley”, indicó Barea.

“IMPACTO DRAMÁTICO”

Por otro lado, Equo ha registrado una pregunta parlamentaria en el Congreso de los Diputados para conocer la cifra exacta de pozos ilegales que existe en toda España y pedir al Gobierno medidas para clausurarlos y evitar que sigan proliferando.

“Los pozos ilegales son una realidad de impacto dramático que había pasado casi desapercibida hasta ahora, pero cuyas consecuencias son bien visibles en muchos lugares. Precisamente, la UE ha denunciado a España ante el Tribunal europeo por el impacto de la extracción ilegal de agua en Doñana, pero son muchos más los lugares afectados”, indicó López de Uralde.

Equo recalcó que, en la situación de vulnerabilidad frente al cambio climático, los pozos ilegales contribuyen “muy negativamente“ a agravar el estrés hídrico que sufren algunos territorios. Además, la OCDE ha identificado zonas especialmente afectadas por el estrés hídrico debido a la sobreexplotación de los acuíferos, entre ellas Canarias, Campo de Dalias (Almería), Sierra de Crevillente (Alicante) y Sierra de Cartagena (Almería, Alicante y Murcia).

“El primer paso para resolver un problema es reconocer su magnitud. En ese sentido, es imprescindible saber cuántos pozos ilegales hay, donde están ubicados y qué medidas se están tomando para perseguir esta práctica”, concluyó López de Uralde.