Según este proyecto normativo consultado por Servimedia, el Ministerio destinará un máximo de 2,95 millones de euros para programas sanitarios y sociales dirigidos a españoles en Venezuela, y un máximo de 50.000 euros para las ayudas individuales.

En concreto, se trata de una subvención a la Fundación España Salud para atención médico-farmacéutica a mujeres embarazadas, neonatos y lactantes hasta los 12 meses, a niños hasta los 12 años y a pacientes oncológicos, además de dar abastecimiento farmacológico. La subvención también alcanza a programas asistenciales, que comprende ayuda alimentaria.

A esta subvención se suman ayudas individuales para españoles mayores de 65 años y/o en situación de dependencia, con necesidades de atención en instituciones residenciales privadas que no puedan sufragar con sus propios recursos, siempre que no existan otras de carácter público que presten ese servicio o no sea posible su atención en otros centros beneficiarios de subvenciones de la Dirección General de Migraciones previstas a tal fin.

El Ministerio refiere en el texto que la “difícil situación económica que se da actualmente en Venezuela está incidiendo de manera significativa en la población española residente en ese país, afectando especialmente a personas pertenecientes a determinados colectivos vulnerables, entre los que se han constatado necesidades de atención de carácter sanitario y social”.

Destaca en la memoria de esta norma que Venezuela vive desde 2015 una "situación calificada como de emergencia humanitaria compleja" de la que se derivan "efectos muy negativos en la vida y el bienestar de sus ciudadanos", y en el ámbito de la salud, "se ha materializado en la destrucción de un sistema sanitario público, ya insuficiente con anterioridad, con graves consecuencias en la salud de las personas, reaparición y propagación de epidemias y aumento de la mortalidad".

Además, a 1 de enero de 2018 constaban 167.255 residentes españoles en Venezuela, de los que en torno al 30% son personas mayores de 65 años y aproximadamente el 13% personas menores de 18 años. A esto se une un fenómeno de retorno a España de esta población, “con un constante incremento de las cifras de personas retornadas en los últimos cinco años”. En 2016 volvieron 12.282 españoles, 16.402 en 2017 y la previsión de retorno en 2018 es que siga al alza por “la gravedad de la situación económica” en el país latinoamericano, según el Ministerio.

Por ello, Trabajo considera preciso “acometer una intervención extraordinaria, dirigida especialmente a la atención de las necesidades sanitarias y sociales básicas del colectivo de españoles en Venezuela, previniendo a un tiempo que el retorno a España constituya la única salida para una parte del mismo”, así como evitar la desatención de personas en situación de vulnerabilidad social.

Los ciudadanos y organizaciones que quieran hacer sus aportaciones a este proyecto de real decreto pueden trasladarlas hasta el 7 de febrero.