Piedad Córdoba, una de las senadoras más votadas en las últimas elecciones legislativas de Colombia y que lidera un movimiento cívico llamado Colombianos y Colombianas por la Paz, ha sido destituida e inhabilitada durante 18 años por la Procuradoría General del Estado por lo que esta institución considera colaboración con las FARC.

Por el contrario, desde otros sectores atribuyen a Córdoba un trabajo en defensa de la paz y la negociación política para acabar con el conflicto armado en Colombia.

En la rueda de prensa, el portavoz de IU en la Cámara Baja, Gaspar Llamazares, manifestó que dicho tratado no sólo tiene un “contenido neoliberal injusto” y es “insostenible desde el punto de vista ambiental”, sino que además “no contiene ningún tipo de cláusula que tenga que ver con los derechos humanos en Colombia”.

Por otra parte, el portavoz parlamentario de IU destacó la importancia del trabajo de Piedad Córdoba, cuya mediación ha servido para liberar a decenas de personas secuestradas por las FARC, y expresó el “respaldo sin ningún tipo de fisuras” a su labor.

“No puede ser que quien ha mediado en una salida dialogada sea juzgada e inhabilitada al margen de cualquier tipo de derecho” y sometida a una “persecución inquisitorial”, dijo Llamazares.

DEGRADACIÓN HUMANITARIA

Por su parte, Córdoba manifestó que “no se puede premiar a países que tienen condiciones de degradación humanitaria” como las que tiene Colombia y donde muchas de las multinacionales con intereses en este país latino “han resultado implicadas en la violación de derechos humanos, a través de la financiación del paramilitarismo”.

Además, denunció la “manera indiscriminada y voraz” con la que las multinacionales, dijo, amparándose en los tratados de libre comercio, en lugar de ayudar al desarrollo del país, contribuyen al desplazamiento y desaparición forzosa de personas.

“Un tratado de libre comercio no es sólo un intercambio de mercancías, sino que va mucho más allá que eso”, alegó para reclamar que los tratados incluyan la obligación de respetar los derechos humanos por parte de los firmantes del acuerdo.