Según informó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, Benedicto inauguró una jornada sobre Función Pública en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Puertos y Canales de Madrid, en la que destacó que “la Administración pública debe continuar incidiendo en el desarrollo de políticas dirigidas a potenciar la igualdad real entre mujeres y hombres y a combatir las manifestaciones de discriminación”.

El secretario de Estado puso en valor que de los casi 4.000 ingenieros de caminos, canales y puertos que trabajan en todas las administraciones públicas, aproximadamente 600 desempeñan su trabajo en la Administración General del Estado. Además, la última oferta de empleo contempla 53 plazas, y en las cinco últimas ofertas han sido más de 150 puestos de trabajo.

Benedicto destacó durante el acto que en un periodo “muy breve” de tiempo se han acordado muchas medidas en materia de función pública. En el desarrollo de políticas dirigidas a potenciar la igualdad real entre mujeres y hombres, resaltó “el impacto que va a tener la ampliación y mejora de las condiciones del permiso de paternidad, medida que ya hemos acordado con las organizaciones sindicales y que alcanzará en 2021 la equiparación completa con el permiso de maternidad en 16 semanas”.

También persigue garantizar la igualdad en el acceso al empleo público el reciente acuerdo que elimina que determinados diagnósticos de enfermedades sean causa de exclusión, VIH, diabetes, celiaquía y psoriasis.

En esta misma línea, añadió el secretario de Estado, continuará trabajando en el III Plan de Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado o en la elaboración de un plan contra el absentismo laboral. Precisamente, la Administración General del Estado está cerrando el II Plan de Igualdad efectiva.

Por último, Benedicto recordó la oferta de 2.528 plazas para estabilización de empleo aprobadas recientemente, que, sumadas a las plazas del año pasado, alcanzan las 10.000, con el objetivo de no superar el 8% de temporalidad en todas las administraciones públicas. La Administración General del Estado ya ha rebajado la temporalidad al 1,85%.