Además, considera que la medida aumenta la inseguridad jurídica existente en la actualidad en relación con el momento a partir del cual empieza a regir esta obligación, según señala la patronal en un comunicado.

Para la confederación empresarial, la regulación contenida en el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo conlleva un incremento de costes para las empresas que se suman a los que ya afrontan, lo que puede acabar poniendo en peligro de dichas prácticas.

"Esta circunstancia perjudicaría tanto a las empresas y los estudiantes, como al sistema de Formación Profesional y Universitario, y al propio mercado de trabajo al perder esta herramienta de acercamiento de la educación a las necesidades laborales", señala la patronal en un comunicado.

Los empresarios solicitan la convalidación del Real Decreto-ley por medio de una Ley que implemente el acuerdo que surja de un proceso de diálogo y negociación tripartito en la Mesa de Empleo y Relaciones laborales.