En declaraciones de los medios tras participar en la jornada ‘La vivienda en España’, organizada por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), Saura señaló que las medidas a tomar en esta materia “son complejas desde el punto legislativo, técnico y económico” y que “lo que se haga debe ser suficientemente sólido desde el punto de vista jurídico y económico porque podría generarse un problema mayor”. “Podría desincentivarse la oferta de alquiler y el problema podría ser mayor”, añadió.

Así, preguntado por el rechazo de Unidos Podemos el pasado martes en el Congreso de los Diputados al real decreto ley que el Consejo de Ministros había aprobado en materia de alquiler, el secretario de Estado recordó que “lo que se pactó con Unidos Podemos es que las medidas deben hacerse de manera pensada, puntual, en los lugares más tensionados y con la suficiente profundidad para no generar problemas”.

En este sentido, sobre qué vía tomará el Gobierno después de haberse rechazado dicho real decreto, Saura indicó que el Gobierno está trabajando en una Ley de Vivienda y que otra vía posible son los Presupuestos de 2019, y que el Ejecutivo trabaja para “en los próximas días hacer público por donde se va a caminar desde el punto de vista legislativo”.

Antes, durante su intervención en la jornada organizada por APCE, Saura criticó que en ocasiones “los extremos se juntan y decidieron que el real decreto no saliera adelante”, en referencia a la votación del martes en la que el real decreto ley fue rechazado al no contar con el apoyo de Unidos Podemos.

En cualquier caso, Saura defendió que para el Gobierno socialista la vivienda “es una prioridad” y que así lo demuestran hechos como el incremento en un 43%, hasta los 650 millones, de las partidas destinadas a Vivienda en el proyecto de Presupuestos de 2019, y el objetivo de alcanzar los 1.000 millones en 2021.

Además, también reivindicó otras medidas del Gobierno en este campo como la ampliación en 70 millones para el Plan Estatal de Vivienda por encima de lo previsto inicialmente para 2019; un Plan de 20.000 viviendas sociales o asequibles; y el trabajo en una futura Ley Estatal de Vivienda con la que garantizar el derecho a la vivienda y cubrir la inseguridad jurídica.

Asimismo, enumeró como objetivos en los que trabaja el Ejecutivo como “fomentar el alquiler social o asequible mediante la rehabilitacion de vivienda, construcción de viviendas y agilizacion de las licencias; aprovechar la situación saneada de los ayuntamientos en beneficio de la politica de vivienda; y el apoyo del sector público para contribuir a hacer los proyectos financieramente viables”.

Otra vía en la que trabaja el Gobierno, apuntó, es la profundización en un modelo de colaboracion público-privado, mediante la aportacion de suelo público para atraer inversion privada; la posiblidad de reforzar el modelo con ayudas públicas tanto a la promoción como al alquiler; y la mejora de la financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

En cuanto a objetivos a alcanzar, el secretario de Estado señaló el deseo de incrementar el parque de vivienda social hasta el 8% en 2030, desde el 2,5% actual, y reducir del 42% actual al 29% en 2030 el porcentaje de hogares en régimen de alquiler que destinan mas de un 40% de su renta a vivienda. En este sentido, aseguró que el Gobierno anterior no había llevado a cabo política de vivienda, y puso como ejemplo de ello la escasez de un parque de vivienda social, que con un 2,5% se sitúa quinta por la cola en la UE, solo por encima de Portugal, Croacia, Estonia y Rumanía.

Por último, destacó la apuesta del Gobierno por “equilibrar la relación entre el arrendatario y el arrendador para dar estabilidad y seguridad contractual en el medio plazo y permitir un flujo de ingresos permanente”.