El pasado martes, el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados rechazó convalidar el decreto de vivienda con medidas como la ampliación de tres a cinco años de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y hasta siete si el arrendador es una persona jurídica.

La norma limitaba además a dos mensualidades la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, mejoraba la coordinación de los servicios sociales y los tribunales en casos de desahucios para evitar desalojos antes encontrar alternativa habitacional a las familias, y daba mayor poder a las comunidades de vecinos para que limiten el uso de pisos para actividades turísticas en sus edificios.

El rechazo de la formación dirigida por Pablo Iglesias a este decreto, que recabó 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención, se produjo por la decisión del Gobierno de no incluir en esta normativa la limitación de los precios de los alquileres, medida que forma parte del acuerdo presupuestario entre Podemos y el Ejecutivo. Ante este rechazo, el Gobierno estudia presentar otro decreto que pueda contar con el respaldo parlamentario suficiente.