El sindicato ve necesario que se articule una regulación para "reequilibrar la desigual relación" que existe entre arrendador y arrendatario, y valora que la norma tumbada dotaba al cliente de unos periodos más largos de duración en sus contratos y de "un alivio de las cargas" al firmar el contrato "lo cual favorece el poder realizar un proyecto de vida más estable en el tiempo".

La norma amplía de tres a cinco años el contrato de alquiler para personas físicas y hasta siete en personas jurídicas, y limitaba las garantías o avales a dos mensualidades como máximo.

"Las políticas de vivienda deben responder a las necesidades de las personas y se debe garantizar el derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible", reclamó UGT.

El sindicato pide además un gran parque de viviendas en alquiler social en el ámbito de las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En este sentido, lamentó que el real decreto también incorporaba medidas dirigidas a mitigar la vulnerabilidad social de las familias que se encuentran en alquiler.

Según sus datos, más del 42% de las familias con estas dificultades destinan el 40% de los ingresos al pago de la renta, además de que en los últimos años el aumento de los desahucios se ha incrementado a una tasa anual superior al 5%.