Así lo adelantó en la Cámara Baja el portavoz de la formación, Alberto Montero Soler, con el argumento de que "se queda corto en los instrumentos que propone", "vuelve a privilegiar a las grandes entidades frente a las pequeñas", "peca de optimismo" en cuanto a su capacidad de prevenir y atajar crisis, y porque no ha sido negociado.

"Nosotros vamos a votar que no por responsabilidad pedagógica", adelantó, afeando al Gobierno que "no levantan el teléfono y preguntan". "El PP y el señor De Guindos lo hacían constantemente y ustedes viven sin levantar el teléfono y sin apelar al diálogo. No sé si lo que quieren ahorrar en teléfono se lo gastan en el combustible del Falcón", reprochó.

Montero se apoyó en la conclusiones de la Comisión de Investigación de la Crisis financiera para asegurar que, como defendieron varios de los intervinientes en la misma, el hecho de que no se pinchara la burbuja inmobiliaria "no fue un problema de herramientas" sino "de voluntad para utilizarlas" por parte de los supervisores porque "estaban capturados" por las entidades financieras y las autoridades.

A su juicio, la nueva autoridad macroprudencial debería incorporar otros útiles al margen de los propuestos como colchones sobre los activos sin ponderar para no penalizar a las pequeñas entidades frente a las grandes.

El PP, aunque no ha detallado el sentido de su voto a la norma, sí ha adelantado durante su debate que no comparte "el fondo" ni las formas. El portavoz popular Miguel Ángel Paniagua afeó al Gobierno presentar 25 decretos ley para regular en los siete meses de su mandato en 2018, mientras el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó tres ese mismo año antes de ser relevado en La Moncloa, y era centro de críticas del PSOE por esa práctica.

"Quiero preguntarles por qué no cuentan con nuestro grupo para sacar adelante las normas. Si nos desprecian no nos pidan nada", zanjó, criticando que el decreto de la autoridad macroprudencial "no profundiza en nada" distinto a lo que han recomendado los organismos internacionales.

Paniagua desveló que el PP trabaja en una proposición de ley que ahonda en la reforma de los esquemas supervisores y criticó a las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Economía, Nadia Calviño, de "hacer la campaña al Señor Sánchez" en lugar de regular "para el país".

El decreto ley llevado al Congreso da nuevas herramientas al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Dirección General de Seguros para que puedan controlar y limitar el crédito y la exposición de otros riesgos en las entidades que supervisan. Supone un primer paso para la posterior creación de la autoridad macroprudencial que se encargará de identificar riesgos, medirlos y monitorizarlos, lanzar alertas y, llegado el caso, pedir también a los supervisores que actúen.