Así se expresó Ábalos durante el debate de convalidación de dicho decreto en el Congreso de los Diputados, donde Unidos Podemos anunció su voto en contra de un texto que entre otras medidas contempla la ampliación de tres a cinco años de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y hasta siete si el arrendador es una persona jurídica y que la prórroga tácita del contrato pase también de uno a tres años.

El rechazo de la formación dirigida por Pablo Iglesias se produce por la decisión del Gobierno de no incluir en esta normativa la limitación de los precios de los alquileres, medida incluida en el acuerdo presupuestario entre Podemos y el Ejecutivo.

Si se confirma el rechazo de Podemos, que se suma a los del PP, Ciudadanos, ERC y EH Bildu, el decreto no superará la votación de su convalidación, por lo que la norma dejará de estar en vigor y el Gobierno deberá aprobar un nuevo decreto.

En la defensa del decreto, el ministro destacó que sus medidas “son un primer paso, por lo que no cabe duda de que deberán ir acompañadas de medidas adicionales en las que continúa trabajando este Gobierno”, aunque no citó específicamente la limitación de los precios del alquiler.

En esta línea, señaló que “este real decreto, de marcado carácter social, trata de dar una respuesta política urgente al problema de acceso a la vivienda que hay en España y de revertir las consecuencias de la reforma liberal de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013”.

En referencia a la reforma aplicada por el anterior Ejecutivo, denunció que no consiguió estimular el mercado y que además provocó subidas “desorbitadas” de los precios y “dio pábulo y cobertura a las maniobras especulativas”.

“Esta situación hace necesario actuar de manera inmediata”, concluyó Ábalos, que recordó que el Ejecutivo trabaja en medidas como la elaboración de una ley estatal de vivienda que impida que los fondos buitre especulen con viviendas sociales o en incrementar la oferta de alquiler público con el plan de lanzar 20.000 viviendas.

RECHAZO DE PODEMOS

Por su parte, en nombre de Unidos Podemos, Lucía Martín confirmó al ministro durante el debate el rechazo adelantado por la portavoz de la formación, Irene Montero, antes del inicio del Pleno, aunque ironizó al decir que “ha sido un alivio ver que quien se subía a la tribuna era usted y no la ministra Calviño”, a quien atribuyó la decisión de no limitar los alquileres por las presiones de fondos como Blackstone.

“Cada cual decide a quien quiere escuchar en política”, afirmó Martín, que considera que el Gobierno “lo tenía muy fácil” con el acuerdo presupuestario, que calificó de “potente” ya que “protegía los derechos de la gran mayoría”.

De hecho, denunció que el decreto “es un Intento evidente de diluir nuestro acuerdo y dejar caer muchas medidas que a regañadientes conseguimos cuando aceptamos los presupuestos”. “No tiene sentido alargar los contratos si no hay medidas que aseguren que los precios no pueden subir indiscriminadamente”, apostilló.

En todo caso, aseguró que el voto en contra “no busca humillarles, ni hacerles daño, ni deshacer la mayoría de la moción de censura” por lo que instó al ministro a seguir trabajando con nosotros para acordar un nuevo real decreto. “Sean valientes y pónganse del lado de la gente”, concluyó.

Sí se refirió a la limitación de los alquileres la diputada del PSOE María del Mar Rominguera, quien criticó a Podemos por preferir “votar con la derecha, con el PP”. Con respecto a los precios, dijo que la intención del Gobierno “no es no hacerlo, es hacerlo bien”.

A este respecto, sostuvo que antes de aprobar este tipo de medidas hace falta establecer un índice de precios que deben elaborar las comunidades autónomas, algo que según defendió se puede conseguir durante el año 2019. De momento, según advirtió, “es importante que no nos paremos”.

Otros dos portavoces anunciaron también su voto negativo por el mismo motivo que Podemos, la ausencia de la limitación de los precios del alquiler. Fueron Joan Margall, de ERC, y María Beitialarrangoitia, de EH Bildu.

Entre los grupos que votarán también en contra, mostraron su rechazo frontal al decreto los portavoces del PP, Ana María Zurita, y de Ciudadanos, Miguel Ángel Garaulet, al considerar que lejos de solucionar el problema puede provocar mayores subidas de los precios al no centrarse en incrementar la oferta y en la colaboración público-privada.

Por último, Ana Oramas (CC), Feliu-Joan Guillaumes (PDECat), Ana Xorlí (Compromís) e Iñigo Barandiaran (PNV) mostraron su disposición a apoyar el decreto si se tramita como proyecto de ley para que introduzca mejoras, algo que aceptó Rominguera.