Este informe es fruto de un trabajo del Cermi para la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

"Ni la Ley Orgánica Penitenciaria ni el Reglamento que la desarrolla, tanto por la época en que surgieron, como por la visión y el marco conceptual que los inspira, tienen en cuenta la dimensión inclusiva de las personas con discapacidad, por lo que necesitan con urgencia una actualización para acompasarlos al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad", según informa en un comunicado.

El Cermi asegura que "la normativa penitenciaria vigente en España desconoce extendidamente la situación y las necesidades específicas de las personas reclusas con discapacidad, así como omite una acción positiva sistemática que compense las desventajas que induce el medio carcelario, hechos que colocan a este segmento de la población reclusa en una posición de mayor vulnerabilidad, en un entorno ya de por sí duro y hostil para cualquier persona interna".

El informe se cierra con una "completa y fundamentada" propuesta de reforma normativa, que el Cermi pone al servicio del Legislador y del Gobierno como posible fuente inspiradora de futuras modificaciones de la legislación penitenciaria.

La redacción del informe-propuesta ha corrido a cargo de Patricia Cuenca, doctora en Derecho e investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid.