La formación de Pablo Iglesias amenazó con votar en contra al no haber incorporado el Gobierno al texto un mecanismo que permita a los ayuntamientos intervenir en los precios de las zonas vulnerables o especialmente encarecidos como se había comprometido con su partido. Si ejecuta tal aviso, el Gobierno tendrá que ganarse el apoyo del PP y Ciudadanos o, al menos, su abstención para que la normal salga adelante.

El órdago de Unidos Podemos condujo a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a aclarar que la ley no fija topes por razones técnicas pero que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple sus compromisos; mientras la ministra de Economía, Nadia Calviño, a la que se atribuye el veto a incluir tal mecanismo, ha recordado en varias ocasiones que durante la fase de tramitación es factible cambiar el texto vía enmiendas.

La formación de izquierdas ha condicionado además su apoyo a los Presupuestos a que todas las medidas extrapresupuestarias de su acuerdo estén lanzadas antes de someterse a aprobación las Cuentas del Estado para 2019, y entre ellas figura precisamente el precio del alquiler, junto a bajadas en la factura de la luz o permisos de paternidad y maternidad iguales.

Con la intención de facilitar el alquiler y proteger a los inquilinos, el real decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda amplía de tres a cinco años los contratos de alquiler y hasta siete si el arrendador es una persona jurídica.

CONTRATOS MÁS LARGOS Y CON MENOS FIANZAS

La prórroga tácita del contrato pasa también de uno a tres años y se limita a dos mensualidades la fianza que se podrá exigir a los arrendatarios, así como la obligación de que el arrendador, en el caso de ser una persona jurídica, asuma los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

La norma mejora además la coordinación de los servicios sociales y los tribunales en casos de desahucios. Para ello, contempla cambios en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los casos que afecten a personas o familias vulnerables para que se paralicen los procedimientos hasta que se encuentre una alternativa habitacional.

En materia de vivienda turística, el decreto modifica la ley de propiedad horizontal para permitir, por una mayoría cualificada de tres quintos, que las comunidades de vecinos limiten la actividad turística en sus edificios, así como que dichos apartamentos deban aportar más a los gastos comunitarios.

La intención de "empoderar" a las comunidades de vecinos se lanza para combatir la llamada gentrificación o el proceso en zonas, sobre todo barrios céntricos en las ciudades, de encarecimiento exacerbado de precios de viviendas y alquileres por la masiva puesta en marcha de pisos para usos turísticos, expulsando a sus residentes por los altos costes.

El real decreto contempla además medidas de impulso de la accesibilidad, como el incremento hasta el 10% del fondo de reserva de las comunidades de vecinos para que pueda afrontar costes de este tipo, así como obligar a llevar a cabo obras de mejora cuando el 75% de los costes se puedan obtener de ayudas públicas.