La propuesta, defendida en la Cámara Baja por la portavoz socialista de Discapacidad, María José Sánchez, pretende revisar la cuantía del coste salarial subvencionado para los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, congelado desde hace tiempo, según dijo el diputado de CiU Carles Campuzano.

Si bien la mayoría de los grupos parlamentarios coincidieron en señalar que la proposición socialista es poco "ambiciosa" por su falta de "concreción", PP, CiU, Grupo Mixto y PNV adelantaron que la apoyarán, algo que Esquerra Republicana no confirmó.

Y es que, tanto para Campuzano, como para Francisco Vañó, del PP, la iniciativa debatida hoy es "oportuna en el tiempo", ya que los Centros Especiales de Empleo están viviendo la crisis "con dureza", pero también "poco ambiciosa".

A juicio de Campuzano, el modelo de integración laboral de las personas con discapacidad debe adaptarse a las empresas y trabajadores "de hoy en día", por lo que apuesta por modificar la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi), de 1982, en el campo laboral.

Los Centros Especiales de Empleo, una "importante" fuente de trabajo para las personas con discapacidad, según subrayó en el pleno Emilio Olabarría, del PNV, son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad un empleo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo.

En la actualidad, existe un total de 1.897 Centros Especiales de Empleo con alrededor de 70.000 trabajadores, de los que más de 51.000 son personas con discapacidad.

Los socialistas consideran que, en el momento actual, "dada la difícil situación" por la que atraviesa la economía y, como consecuencia de ello, el mercado de trabajo, 'sería adecuado realizar un esfuerzo para intensificar el apoyo que, desde los poderes públicos, se les da a los Centros Especiales de Empleo para fomentar que sigan desempeñando su labor social.