La adopción del impuesto "de manera unilateral produciría un daño en la competitividad del mercado de capitales español y la deslocalización de operaciones de renta variable hacia otros mercados donde no existe un impuesto de esta naturaleza", avisó.

Para evitarlo, la patronal de las antiguas cajas de ahorros demanda al Gobierno que su aplicación "debería llevarse a cabo de forma global o al menos en coordinación con los países que forman parte de la UE".

El tributo aprobado fija una tasa del 0,2% a las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.

Tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, explicó que se trata de un tributo sobre el que 10 países de la UE ya trabajaban desde 2013 y que Francia, Italia y Bélgica ya han implantado.

En este sentido, Celaá explicó que en España la implantación de este impuesto “sigue el modelo francés”. El proyecto de Presupuestos de 2019 prevé una recaudación de 850 millones de euros con este impuesto, que irá destinada íntegramente a financiar a la Seguridad Social.