En un comunicado, la UC señaló que el nuevo impuesto a la economía digital “es una pésima idea que frenará el desarrollo y la innovación en el sector más dinámico de nuestra económica, el digital, perjudicando gravemente a miles de pequeñas empresas ‘start-up’”.

A juicio de Juan Pina, presidente de UC, “la lógica del impuesto es equivocada, ya que da una bofetada a un puñado de multinacionales tecnológicas pero en la cara de todos los consumidores españoles”.

En este sentido, Pina criticó que “la economía colaborativa y los intercambios directos de bienes y servicios entre particulares son una realidad y el nuevo impuesto intenta poner puertas al campo a costa de los usuarios”.

Además, la UC considera que “la ‘tasa Google’ es también un arancel oculto, porque se dirige fundamentalmente contra los servicios que los ciudadanos españoles consumen en servidores de proveedores ubicados en el exterior”. Por ello, denuncia “la doble imposición que supone esta tasa, ya que infinidad de compras llevarán ahora tanto el IVA como este impuesto simplemente por efectuarse 'online'”.

La intención del Gobierno es que este nuevo impuesto grave con un tipo del 3% a las empresas con ingresos anuales de 750 millones de euros a nivel mundial y que tengan ingresos superiores a tres millones de euros en España. Los servicios a los que se aplicará este impuesto serán los de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

TRANSACCIONES FINANCIERAS

En cuanto al impuesto a las transacciones financieras, la UC cree que “agrede a los usuarios de servicios bancarios”, al considerar que los bancos lo repercutirán a sus clientes, y criticó el “incomprensible colaboracionismo del sector bancario con una medida que perjudica a sus accionistas y clientes”.

En el caso de este impuesto la idea del Gobierno es gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. En concreto, se someterán a tributación al 0,2% las acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros, mientras que no se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.