En su escrito, la Abogacía afirma que, "de forma manifiestamente irregular", el Ministerio de Fomento exige a la ONG "requisitos de cumplimiento imposible, al no depender de su voluntad". A su juicio, con esta decisión el Gobierno persigue "claramente la paralización de las actividades del buque 'Open Arms'".

Por todo ello, exige al Ministerio de Fomento que revise la decisión adoptada y dé respuesta favorable a la solicitud de dicho buque para que pueda continuar con las operaciones de rescate y auxilio de migrantes en aguas del Mediterráneo.

Con independencia de la defensa de la legalidad inmediata que ampara el derecho del buque 'Open Arms' a realizar sus actividades de salvamento, la subcomisión expresó su compromiso con el derecho a la vida de todas las personas que se encuentran en situación de riesgo en el mar, "y que viene consagrado como un derecho fundamental en nuestra Constitución en su artículo 15 y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 3". "El Estado español con su decisión realiza una flagrante vulneración de este derecho", concluyó.