El documento de propuestas, presentado en el plazo de consulta pública previa que el Gobierno ha habilitado para recoger las aportaciones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones, aúna las demandas que el Tercer Sector considera necesarias para la mejora de las condiciones de vida y ejercicio de los derechos de las personas vulnerables.

Entre los factores que destaca la plataforma a la hora de determinar situaciones de pobreza energética se encuentran la dificultad a la que se enfrentan las rentas más bajas y los hogares con menor capacidad de ingresos, condicionados por el desempleo o las situaciones de precariedad laboral, las personas con discapacidad como grupo social de riesgo o los hogares en situación de pobreza que residen en régimen de alquiler.

“Sin duda, la elaboración de la Estrategia contra la Pobreza Energética, aunque impulsada y desplegada por la Administración General del Estado, debe contar con la participación de expertos y de todos los grupos de interés –administrativos, económicos, sociales y cívicos-. Se considera así imprescindible la colaboración con el Tercer Sector, al poder aportar un diagnóstico objetivo de las situaciones de vulnerabilidad y una experiencia directa con las personas más necesitadas”, explica la plataforma.

La creación de esta estrategia nacional surge en un momento de “extrema necesidad” en el que, tal y como recoge Cruz Roja Española en su Boletín nº 17 sobre la 'Vulnerabilidad social asociada al ámbito de la vivienda y pobreza energética', el 86% de las personas atendidas se encuentra en situación de pobreza laboral, es decir, trabajan pero sus ingresos se encuentran por debajo del umbral de la pobreza, lo que les impide garantías para cubrir las primeras necesidades.

Además, el informe revela que solo el 19% de las personas atendidas por la organización conoce y utiliza el bono social, lo que pone de relieve la necesidad de impulsar campañas que permitan la difusión de información entre las personas y los colectivos vulnerables.

La PTS subraya la necesidad de trabajar con una visión integral, en la que el objetivo sería no tener la necesidad de que existiera un bono social, si bien la coyuntura actual exige la materialización de un nuevo bono que no se limite a la electricidad sino que abarque otros tipos de suministros.

A su juicio, sería necesaria la materialización de un nuevo bono social energético, teniendo en cuenta que solo el 62% del gasto energético de los hogares proviene de la electricidad.

La Plataforma del Tercer Sector señala que el sistema actual es de alcance restringido y carece de ambición e integralidad. Por todo ello, apuesta por adoptar una nueva estrategia elaborada sobre bases renovadas, que mantenga el grado de protección alcanzado y que a la vez lo amplíe a todas las situaciones de necesidad para darles una respuesta adecuada.