Este convenio se refiere a una de las dos vías de financiación de la Dependencia, que son el Nivel de Protección Acordado y el Nivel de Protección Mínimo, y supone que la Generalitat aporta 272.099.119 y el Gobierno central 25.294.787 de euros.

En el global de la financiación de la aplicación de la Ley, la Generalitat Valenciana aporta el 72% de la inversión frente al 28% del Gobierno central. En cifras absolutas, esto se traduce en más de 300 millones de euros de inversión por parte de la Generalitat frente a los 100 del Gobierno central.

Las ayudas del Nivel de Protección Acordado tienen por objeto financiar, mediante el establecimiento de una cantidad específica, los gastos de gestión del Sistema de Atención a la Dependencia, especialmente los derivados de la valoración de la situación de dependencia y apoyo para el reconocimiento y provisión de las prestaciones.

Concretamente, se subvencionan una serie de recursos y servicios destinados a las personas dependientes como: la teleasistencia, los Centros de Día y Noche, residencias, prestaciones económicas vinculadas al servicio y para cuidados en el entorno familiar, ayudas económicas para facilitar la autonomía personal, así como los gastos de apoyo a la valoración, la gestión, la información y formación de cuidadores no profesionales.