El parque arrancó con algo menos de 6.000 viviendas cedidas por 33 entidades financieras y con alquileres de entre 150 y los 400 euros para familias en especial situación de vulnerabilidad social; y actualmente cuenta con unos 10.000 inmuebles tras varias ampliaciones del cómputo.

La oferta de estas casas y pisos se abrió para familias que hubiesen sufrido un desahucio, en situación de dificultad extrema -con ingresos máximos familiares de tres veces del salario mínimo profesional-, niños o adultos a cargo, etc.

En su origen se limitaba a hogares desalojados después del 1 de enero de 2008, y para alquileres con una duración de dos años, prorrogables en otro más, pudiendo cancelarse antes su uso si los ingresos de la unidad familiar mejoraban y superaban el umbral fijado.

Pero a lo largo de los ejercicios el acuerdo de constitución del fondo fue revisado en varias ocasiones para ampliar el espectro de personas que pueden optar a dichos alquileres sociales, retirando casi todos los límites, condiciones e inclusos umbrales de ingresos fijados para poder ser beneficiario.

La banca es la cesionaria de los inmuebles pero su asignación a los demandantes, y valoración previa de su situación para conocer si reúnen las condiciones necesarias, corresponde a administraciones locales y otras entidades y organismos como asociaciones sociales.

El uso de estos inmuebles vencía el próximo día 19 y con la prórroga se amplía la capacidad de uso hasta el 20 de enero de 2020, indicaron las fuentes consultadas.