A su juicio, este plan obvia a "las organizaciones que trabajamos en el sector. Le falta, además, una memoria económica y un mecanismo de trasparencia que permita la participación de todos los actores implicados", apuntó la Red.

"Parece que únicamente quiere tapar las decisiones controvertidas acometidas por este ministro, famoso por sus actividades de rechazo en frontera y por el mantenimiento de la ley mordaza", agregó.

Para Alberto Sánchez, director del área de delitos de odio de la Red, “es complejo encajar un sistema de delitos de odio y un plan de trabajo cuando llevamos un año sin tener datos reales y contrastables sobre dichos delitos". "No se aporta presupuesto y el nuevo ministro, el conservador Fernando Grande Marlaska, y su equipo han mantenido el mismo tipo de interlocución a la que nos acostumbraba el anterior equipo: ninguna".

Por ello, la Red reiteró su petición urgente de reunión con el Ministerio y registró una solicitud, al amparo de la normativa de transparencia para que se explique "cuándo, con quién y bajo qué criterio, se ha generado este plan". También preguntó "de qué forma y con qué fondos pretende el Ministerio hacer creíble este plan, que hoy se ha presentado sin el consenso de la sociedad civil".