El letrado, que presentará los tres escritos de defensa esta tarde, quiere que ambos comparezcan como testigos en el juicio en la forma que decida el tribunal, ya sea por escrito o de manera presencia. Sus tres defendidos están en prisión preventiva desde hace ya 14 meses. Los tres están acusados de rebelión y los dos exconsellers también por malversación.

Las defensas de los acusados en la causa del `procés´ se reunieron el pasado viernes para poner en común sus puntos de vista y coordinar su petición de pruebas y testigos para el juicio que comenzará en las próximas semanas.

DERECHOS FUNDAMENTALES

Bajo la premisa de que durante este proceso se han vulnerado los derechos fundamentales de los dirigentes independentistas, argumentarán que en ninguna de sus actuaciones se promovió la violencia y que toda la instrucción desarollada en el Tribunal Supremo tiene un cariz político con el objetivo de criminalizar el independentismo.

El delito de rebelión del que les acusa la Fiscalía requiere de la existencia de violencia, un extremo que niegan todos los acusados, tanto en relación a las protestas del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía como en lo relativo a los preparativos y celebración del referéndum del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia.

Andreu Van den Eynden, abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva, hace en su escrito de defensa un alegato en favor del diálogo y pide, entre otras cosas, que sea el tribunal que les va a juzgar por el 'procés' el que se traslade a Cataluña para la vista, que se reserven puestos en la sala para observadores internacionales y contar con traductores que les permitan declarar en catalán.

Ambos procesados aseguran que todo el proceso judicial seguido en el Tribunal Supremo sólo tiene por objeto criminalizar al independentismo. Tratan de desacreditar tanto la actuación del Alto Tribunal como la del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que fue el que inició a instrucción que acabó remitiendo al Supremo.

A su entender, la obtención de las pruebas que se aportaron después al TS "no son otra cosa que el fruto de dicha irregular investigación instrumentalizada a los fines de la criminalización de los independentistas catalanes".

VOTAR NO ES DELITO

"Votar nunca puede ser delito y, de hecho, no lo es según el Código Penal español", dice el escrito de defensa, que, además, insiste en que la decisión de celebrar un referéndum se tomó a raíz de cuestión de confianza a que se sometió el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont en septiembre de 2016.

Ambos dirigentes independentistas insisten en que durante la instrucción no se han respetado sus derechos fundamentales y acusan al tribunal de mantener un “frontal desprecio” hacia esos derechos, convirtiendo la instrucción en un “auténtica causa general contra el independentismo catalán impregnada de la filosofía sobre la que descansa el derecho penal del enemigo".

En relación con las protestas que se llevaron a cabo los días 20 y 21 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía, que estaba siendo registrada por orden judicial y que motivó la salida de la secretaria judicial por un edificio anexo ante la imposibilidad de salir por la puerta principal, el escrito señala que la versión de la representante del juzgado fue “sesgada” y es lo que sostiene la acusación contra los líderes de ANC, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Precisamente, Marina Roig, la letrada que representa a Cuixart, insiste en su escrito en la importancia de que los líderes independentistas sean juzgados en Cataluña para tener así la opción de tener una segunda instancia. El dirigente de Òmnium niega haber alentado la violencia y asegura que sólo defendió derechos sociales y políticos.

Además, al igual que hacen Junqueras y Romeva, reclama que se garanticen sus derechos lingüísticos, trasladando la vista a Cataluña, y también que expulse a Vox, que ejerce la acusación popular, del juicio por el 'procés' para evitar una vulneración del derecho a un proceso debido.

Según el líder de Òmnium, en la instrucción judicial contra el 'procés' se han sentado las bases de un "clima de excepcionalidad jurídica" que llega hasta hoy.

Por su parte, Xavier Melero, que representa a los exconsellers Joaquim Forn y Meritxell Borrás, también respalda la idea de que el proceso ha vulnerado sus derechos fundamentales y argumenta en contra de la existencia de pruebas que respalden la acusaciones.