Inmigración

Fomento justifica el bloqueo del 'Open Arms' porque no puede desembarcar en los puertos de Italia y Malta

- La ONG pide a España que denuncie a estos países, pero que no les impida a ellos hacer su trabajo

MADRID
SERVIMEDIA

La Dirección General de la Marina Mercante (dependiente del Ministerio de Fomento) explicó este lunes que denegó el permiso para que el barco de Proactiva Open Arms zarpe rumbo al Mediterráneo Central porque "durante las últimas semanas ha realizado operaciones que contravienen la normativa internacional de Salvamento en la Mar".

En una nota de prensa, indicó que las últimas operaciones del 'Open Arms' se han desarrollado en regiones SAR no españolas y, al carecer de autorización de los países ribereños, este buque ha tenido que cruzar el Mediterráneo durante varios días para desembarcar a migrantes que había recogido en el mar, "comprometiendo la seguridad del buque, de su tripulación y de las personas auxiliadas a bordo".

En definitiva, la capitanía Marítima de Barcelona consideró que la negativa de Italia y Malta a permitir el desembarco de los náufragos en sus puertos obliga al 'Open Arms' a realizar un viaje demasiado prolongado.

En declaraciones a Servimedia, el presidente de la ONG, Oscar camps, aseguró que esta resolución ya ha sido recurrida y explicó que no son ellos quienes violan el derecho internacional, sino Italia y Malta al cerrar sus puertos. Agregó que la Capitanía ha actuado de forma ilegal, puesto que entre sus funciones no entran "las consideraciones geopolíticas". "Debe limitarse a asegurar que el barco cumple los requisitos técnicos y de seguridad para salir a la mar", pero no valorar "las operaciones de rescate que realizamos".

"Son Italia y Malta quienes incumplen el derecho internacional al no ofrecer sus puertos -los más cercanos y seguros- para desembarcar a los náufragos rescatados en su zona marítima, y por eso "invitamos al Gobierno español a denunciarlos ante el Tribunal Internacional del Mar". "Desde luego, nos prestamos a acompañar a España en esta denuncia, pero lo que no tiene ninguna lógica es que nos impidan trabajar a nosotros".

La Organización Marítima Internacional asigna a cada país Zonas Marítimas de Responsabilidad en materia de búsqueda y salvamento marítimo, conocidas como regiones SAR que en el caso de España están en el Atlántico, el Estrecho, el Mediterráneo y en Canarias.

Según Camps, la labor de España en este sentido "es exquisita", pero el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene ahora la oportunidad de demostrar valentía y denunciar a aquellos Estados que incumplen sus obligaciones de rescate".

BARCO DE RESCATE, NO DE PASAJEROS

Camps se preguntó si "van a negarle los permisos a todos los pesqueros y a todos los mercantes que tengan que cruzar la SAR libia por si se encuentran algún náufrago, o es solo a nosotros".

Desde la Marina Mercante consideran que en las circunstancias actuales, el 'Open Arms' "acaba realizando actividad de transporte de pasajeros, porque los Estados cercanos no le permiten el desembarco". Señalan que este buque no está pensado para recorrer largas distancias con tanta gente, "sino para acudir al puerto más próximo".

En su resolución, la Capitanía Marítima destaca que en la última operación de salvamento del 'Open Arms', donde se rescataron a 311 personas y el barco hubo de recorrer cientos de kilómetros hasta llegar a España, "se vulneró la obligación de desembarcar a los náufragos en un puerto seguro lo más cercano posible al lugar del rescate". Esto fue así porque Italia y Malta no permitieron desembarcar en sus puertos, pero la Capitanía entiende que el 'Open Arms' debería contar con "certificados que garanticen el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino", exigido para el transporte "de un elevado número de personas a bordo".

Camps alegó que los náufragos localizados en peligro en el mar "no ocupan plaza en base a la normativa" de salvamento ("no son ni pasajeros ni tripulación") y recalcó que el 'Open Arms' "no se dedica al transporte de viajeros, sino a labores de vigilancia y rescate".

A su juicio, "esta ha sido una decisión administrativa por razones políticas", pues el Gobierno "no quiere enfrentarse a otros Estados". "Prefiere echarnos a la arena de la opinión pública para que se cuestione nuestro trabajo".

Destacó que mientras que el barco esté en el puerto, "muchas personas dejarán de ser rescatadas y pueden morir en el mar". "No quieren testigos" de lo que allí ocurre, y subrayó que además de salvar vidas, este buque sirve para dar testimonio y conseguir que los países responsables lleven a cabo los rescates.

(SERVIMEDIA)
14 Ene 2019
AGQ/gja