La mayor parte de las dotaciones corresponden a partidas destinadas a sufragar costes del sistema eléctrico para contribuir a su equilibrio financiero. Entre ellas se incluye la financiación del 50% del extracoste de la actividad de producción en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares.

En la dotación figuran 80 millones para ayudas del Bono social térmico, programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables (en calefacción, agua caliente sanitaria o cocina); y 300 millones para préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) al objeto de apoyar el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables.